El juez desimputa a Indra por la financiación del PP de Madrid

La empresa estaba bajo sospecha por contribuir al presunto desvío de fondos de la Agencia de Informática y Comunicación (ICM) de la Comunidad de Madrid para beneficios particulares. En concreto, se trataba de partidas que habrían servido para financiar campañas electorales del PP madrileño, que entonces dirigía Esperanza Aguirre.

En un auto, el magistrado acuerda el archivo provisional con el criterio en contra de la Fiscalía Anticorrupción, que considera que la investigación no está acabada. Sin embargo, García Castellón alega que Indra «no ha incumplido» sus deberes de control, vigilancia o supervisión respecto de la actuación de su empleados y que debe levantarse la imputación. Una situación procesal que afectaba sobremanera a la reputación de la compañía a la hora de presentarse a concursos internacionales.

Los abogados de Indra habían solicitado el sobreseimiento al entender que, una vez realizadas todas las diligencias necesarias y pertinentes, se había acreditado que las conductas presuntamente realizadas por algunos de sus empleados no pueden ser atribuidas a la persona jurídica en su conjunto, además de que la compañía contaba con un modelo de cumplimiento normativo eficazmente implementado.

En su auto, García Castellón considera que no procede la práctica de las diligencias solicitadas por el Ministerio Público y entiende que la investigación de esta pieza está «ya agotada», tal y como le indicó el tribunal de la Sección Cuarta de la Sala de lo Penal en un auto del pasado 17 de febrero.

El juez ha destacado que la documentación aportada por Indra permite constatar que los mecanismos de prevención normativos implantados en la empresa «permitieron localizar, identificar y erradicar a los responsables de los hechos aparentemente delictivos», quienes siguen estando investigados.