Gürtel: Una sentencia que tumbó a un Gobierno

31/12/2018

En España se extendió durante años la creencia de que la corrupción no tiene castigo, el año que termina, ha desmontado esa idea: no solo han entrado en prisión Iñaki Urdangarin, Rodrigo Rato o Luis Bárcenas, sino que una sentencia, la de Gürtel, desembocó en un cambio de gobierno.

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La sentencia de esa primera etapa de Gürtel y sus consecuencias eclipsan acontecimientos tan relevantes como la condena a CDC -el partido predecesor del PDeCAT- por lucrarse con el expolio del Palau de la Música o el juicio por el fraude de los ERE en Andalucía, aún en fase de conclusiones.

Incluso hace sombra a quien podría catalogarse como "villano de", el comisario jubilado José Manuel Villarejo, en prisión desde hace más de un año y cuyas andanzas se investigan en la Audiencia Nacional en las diferentes piezas del denominado "caso Tándem" además de hacer correr ríos de tinta gracias a la filtración de grabaciones seleccionadas.

El 24 de mayo de, la Audiencia Nacional hizo pública la sentencia del macrojuicio a la primera etapa de la trama Gürtel y desató un vendaval político sin precedentes en cuarenta años de democracia: en apenas ocho días, el socialista Pedro Sánchez era elegido presidente del Gobierno tras prosperar la moción de censura que presentó contra Mariano Rajoy.

En las 1.687 páginas de sentencia no solo se imponían duras condenas a los principales acusados (51 años a Francisco Correa, 33 a Luis Bárcenas, por ejemplo), sino que se daba por probada la caja b del PP, se condenaba a ese partido como partícipe a título lucrativo y se ponía en cuestión la credibilidad del testimonio del entonces presidente del Gobierno.

El calvario de Gürtel no ha terminado para el PP: poco después, la Audiencia Nacional dio por probada la financiación ilegal del PP valenciano. Y hay varios procedimientos pendientes de juicio o de sentencia al respecto.

Por si fuera poco, el juez José de la Mata reabrió el caso de la caja b a raíz de las confesiones de Correa sobre el pago de comisiones de un 3 % a Bárcenas por parte de grandes constructoras a cambio de adjudicaciones públicas.

Poco después de que los españoles presenciaran la foto de la moción de censura, se desayunaron (ésta vez sin foto) con la noticia del ingreso en prisión de Iñaki Urdangarin para cumplir condena después de que el Supremo lo condenara a cinco años y diez meses de cárcel por el caso Nóos.

Tras Urdangarin, fue Luis Bárcenas quien entró en la cárcel (su esposa, Rosalía Iglesias, quedó en libertad provisional a la espera de la sentencia del Supremo) y recientemente, el 25 de octubre, lo hizo Rodrigo Rato por su condena a cuatro años y medio de cárcel por las tarjetas "black" de Caja Madrid.

"Asumo los errores que haya podido cometer", dijo a las puertas de la prisión de Soto del Real (Madrid) el que fuera vicepresidente del Gobierno y director gerente del FMI, quien ahora afronta el macrojuicio por la presunta estafa millonaria de la salida a bolsa de Bankia.

También vieron los españoles en sus televisores a dos expresidentes andaluces, Manuel Chaves y José Antonio Griñán, en el banquillo de los acusados en el juicio de los ERE.

Sin que nadie sepa estimar en qué medida, todos los analistas coinciden en señalar la corrupción como una de las causas que han motivado la amarga victoria electoral de Susana Díaz y su previsible pérdida del Gobierno andaluz.

Y a lo largo de todo el año han ido goteando informaciones relacionadas con el caso Villarejo, con ocho piezas distintas en la Audiencia Nacional, decenas de terabytes de información y grabaciones encriptadas y varias filtraciones que han provocado seísmos de distinta intensidad.

Se conocieron las grabaciones del excomisario a Corinna zu Sayn-Wittgenstein sobre el padre del rey; las de la comida con la actual ministra Dolores Delgado y el exjuez Baltasar Garzón y las de sus reuniones con la entonces secretaria general del PP María Dolores de Cospedal y su marido, Ignacio López del Hierro.

Las grabaciones a Delgado la pusieron en la cuerda floja (reprobada en el Congreso y el Senado); las de Cospedal la obligaron a dimitir.

Pero el caso Villarejo promete seguir dando muchos quebraderos de cabeza. En ciernes está la doble investigación sobre "Kitchen", la operación orquestada por el Ministerio del Interior entre 2013 y 2015 para sustraer al chófer de Luis Bárcenas información sobre la supuesta caja b del PP.

Dos jueces, Diego de Egea (el de Tándem) y José de la Mata (el de la caja b) indagan ahora para saber si es cierto que Interior destinó fondos reservados para pagar a ese chófer, llamado Sergio Ríos, como confidente.

De momento, el actual Gobierno ha aceptado desclasificar documentación secreta para que los magistrados puedan investigar y ha confirmado que Kitchen existió y que se usaron fondos reservados.

Y De Egea, tras meses de enfrentamientos con la Fiscalía Anticorrupción por este caso, ha renunciado a su plaza como juez de refuerzo en la Audiencia Nacional, lo que implicará un parón inicial en las investigaciones, aunque previsiblemente mejorará el entendimiento con los fiscales.