Vista del Valle de los Caídos. / R. C.

El Gobierno inicia los trabajos de exhumación en el Valle de los Caídos

Tratarán de localizar los restos de 77 personas con los «mejores expertos», pero no garantizan el éxito de la operación debido al estado de las criptas

Miguel Ángel Alfonso
MIGUEL ÁNGEL ALFONSO Madrid

El Ministerio de la Presidencia comenzó este lunes los trabajos para la exhumación de los restos de 77 personas que se encuentran en las criptas de la basílica del Valle de los Caídos. Una operación cuyo éxito «no está garantizado», insisten desde el Gobierno, debido al estado de conservación de los depósitos funerarios.

El proceso, que ha sido autorizado por Patrimonio Nacional tras la petición de los familiares, es «el más complejo de los que se han acometido en nuestro país y será largo en el tiempo», advirtió el Secretario de Estado de Memoria Democrática, Fernando Martínez. En el mausoleo yacen, al menos, 33.833 víctimas de la Guerra Civil (militares de ambos bandos y civiles). Aunque el número nunca se ha podido precisar debido a la falta de fichas identificativas de los difuntos.

La entrada en las criptas se realizará en tres fases. En primer lugar, se habilitarán los accesos a los columbarios, asegurando las estructuras arquitectónicas que así lo requieran. A continuación, intervendrán los forenses, un equipo dirigido por Francisco Etxeberria, que ya participó en la identificación de los restos de Miguel de Cervantes o de los hijos de José Bretón. Estos tratarán de localizar los cuerpos, «hasta donde sea posible», y realizar los correspondientes análisis genéticos que puedan dar lugar a las identificaciones. Finalmente, se acondicionarán las instalaciones y las condiciones de conservación de los restos allí enterrados. «Esto permitirá la dignificación global de las criptas», reiteran desde Presidencia.

En la misma línea de actuación en materia de Memoria Histórica, el Ministerio de Trabajo, que dirige Yolanda Díaz, ultima un reglamento que prevé retirar la medalla al mérito de su departamento cuando quede acreditado que la persona beneficiaria formó parte del «aparato de represión de la dictadura franquista».

También se pretende habilitar la revocación de la medalla o placa cuando «hubiera sido declarado responsable de actos constitutivos de delito u observado conductas incompatibles con los valores democráticos».