El Gobierno derogará la reforma sanitaria para devolver la sanidad universal

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15/06/2018

El Gobierno ha anunciado este viernes que derogará la reforma sanitaria del PP que retiró la tarjeta sanitaria a los inmigrantes en situación irregular para devolver el derecho a la sanidad universal.

La portavoz del Ejecutivo, Isabel Celaá, advirtió en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros de que es un asunto "extraordinariamente importante" para toda la sociedad y de "decencia política".

Celaá ha explicado que la reforma sanitaria se aprobó a través de un Real Decreto en abril de 2012, con lo que el Gobierno tendrá que elaborar uno nuevo para dejarlo sin vigencia, cuyo texto podría estar listo en seis semanas para su aprobación por el Consejo de Ministros.

Posteriormente, según ha explicado, serán necesarios otros 30 días para su convalidación en el Congreso de los Diputados.

"Hoy se abre un proceso de diálogo con las comunidades autónomas y la sociedad civil para devolver el derecho a la protección a la salud a todas las personas en el Estado", ha señalado Celaá.

La reforma sanitaria, aprobada con Ana Mato al frente del Ministerio de Sanidad, introdujo también nuevos copagos farmacéuticos en función de la renta, que por primera vez afectaban a a los pensionistas.

Ante esta situación, algunos gobiernos autonómicos aprobaron iniciativas para aumentar la protección a los sin papeles, que fueron recurridas por el anterior Gobierno ante el Tribunal Constitucional y que éste revocó al considerar que este colectivo no tiene derecho a la tarjeta sanitaria, como ha recordado la también ministra de Educación.

La portavoz ha augurado que una vez aprobada la nueva norma, "no habrá ninguna comunidad que la incumpla".

"Esto es una cuestión de decencia política, pero no solo de decencia política; esta protección a la salud es, además, un mandato de todos los organismos internacionales, de la ONU, de la UE, de la OMS e, incluso, del Defensor del Pueblo, que expresó su resistencia cuando el Real Decreto fue publicado", ha dicho Celaá.

La reforma que dejó fuera a 800.000 inmigrantes

El real decreto con el que el Gobierno de Pedro Sánchez quiere revocar la reforma sanitaria llevada a cabo en 2012 por el PP, que dejó sin tarjeta sanitaria a unos 800.000 inmigrantes en situación irregular, pretende recuperar la «universalidad» de la Sanidad.

El anuncio responde a una de las medidas sociales que el PSOE venía reclamando desde que el Gobierno de Mariano Rajoy, con Ana Mato como ministra de Sanidad, aprobara el real decreto 16/2012 de reforma sanitaria que entró en vigor en septiembre de ese año.

Desde entonces, los inmigrantes en situación irregular perdieron su derecho a la atención primara en el Sistema Nacional de Salud (SNS), aunque estaba garantizada su asistencia en los servicios de urgencias, así como para los menores y las embarazadas.

Con esta medida, el Gobierno del PP pretendía ahorrar al Sistema Nacional de Salud (SNS) más de 7.000 millones de euros en gasto sanitario, con el objetivo de garantizar la «sostenibilidad» y «universalidad» de la Sanidad pública y, al mismo tiempo, poner fin a los «abusos» en sus prestaciones.

El copago

Entre las medidas que también contempla el real decreto aún vigente destaca el «copago» de los medicamentos en función de la renta de los ciudadanos, incluidos, por primera vez, los pensionistas.

Otro de los objetivos del Gobierno entones era sentar las bases para establecer una cartera de servicios común que eliminase las diferencias entre las prestaciones que reciben los españoles en cada comunidad autónoma.

Tres años después de la aprobación de esta reforma, el sucesor de Mato al frente del Ministerio de Sanidad, Alfonso Alonso, anunció que los inmigrantes en situación irregular volverían a tener derecho a la atención primara en el SNS, aunque sin recuperar la tarjeta sanitaria.

No obstante, este medida nunca se llevó a la práctica aunque varias comunidades aprobaron distintas fórmulas para atender a ese colectivo, que fueron recurridas ante el Tribunal Constitucional (TC), que dio la razón al Gobierno al considerar que eran contrarias a la ley.

La reforma sanitaria del PP ha sido fuertemente contestada por ONG, sociedades médicas y partidos de la oposición que han pedido reiteradamente su derogación