Los blindados medios sobre ruedas, apostados en la playa de El Tarajal de Ceuta. / AFP

Ejército, Guardia Civil y Policía blindan Ceuta

Despliegan patrullas mixtas para agrupar a los migrantes dispersados por la ciudad después de que se movilizaran más de 500 soldados

Mateo Balín
MATEO BALÍN Madrid

Cientos de miembros de la Policía Nacional, Guardia Civil y efectivos del Ejército de Tierra se han desplegado en Ceuta para tratar de controlar los perímetros fronterizos con Marruecos, asistir a los miles de migrantes llegados a nado desde las playas de la vecina Castillejos –la última cifra registrada eran 8.000, de los cuales 4.000 ya han sido devueltos al país vecino en aplicación de un acuerdo bilateral de 1992– y llevar a cabo «patrullas conjuntas» por la ciudad, según confirmaron fuentes policiales.

Este último cometido, autorizado por el Ministerio del Interior, recupera las rondas que llevaron a cabo las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado con los militares durante la 'operación Balmis', en pleno pico de la pandemia por coronavirus. Sin embargo, el cometido ahora es bien diferente. Se trata de localizar a las decenas de ciudadanos marroquíes y subsaharianos que han sorteado el cordón policial y se han dispersado por la ciudad de 85.000 habitantes. El objetivo es trasladarlos a las instalaciones industriales aledañas a la línea fronteriza, donde permanece retenido el grueso del grupo.

La activación del Ejército se ha producido después de que los efectivos policiales desplegados no pudieron contener el ingente volumen de personas que, como un lento goteo, comenzaron a llegar a Ceuta bordeando a nado los espigones marítimos del Tarajal y Benzú desde la 1 de la madrugada del lunes. Las fuentes consultadas confirmaron que las autoridades marroquíes permitieron el acceso a las playas de la vecina Castillejos a través de la valla de seguridad fronteriza, pagada en parte con fondos europeos. Las imágenes difundidas por las cámaras de seguridad españolas, en las que se ve cómo un funcionario abre una de las puertas y permite la entrada de decenas de personas, respaldan esta tesis.

Las fuentes de seguridad consultadas señalan, en cualquier caso, que no se trataría, «de ningún modo», de migrantes económicos, ya que la inmensa mayoría de las personas que han asaltado el perímetro, incluidas mujeres y cientos de menores, provienen de las zonas en su mayoría de las afueras del perímetro de Ceuta, como las ciudades de Beliones, Castillejos o Tánger. Es más, han accedido a su devolución inmediata, de ahí que durante el lunes y el martes hayan regresado la mitad de los 8.000.

Los militares, en alerta

La activación de las Fuerzas Armadas, por lo tanto, se ha producido para dar seguridad y apoyo a Policía y Guardia Civil, controlar la avalancha y volver cuanto antes a la normalidad. El Ejército de Tierra cuenta con más de 3.000 efectivos destinados de forma permanente en Ceuta, por lo que no ha hecho falta desplazar soldados por vía marítima o aérea. Se trata del Regimiento de Caballería Montesa número tres y un Regimiento de Artillería Mixto, además de la Comandancia General, un Regimiento de Ingenieros y la unidad logística.

Los efectivos desplegados, entre 500 y 800, según diversas fuentes, ya que Defensa ha preferido mantener silencio, se han equipado con medidas de protección como chalecos, cascos y porras, además de vehículos blindados en las playas y lanchas motoras en el mar para asistir a los náufragos. Los BMR de Tierra se han desplegado también en la plataforma industrial del puerto ceutí, donde se contiene la avalancha de personas. Las primeras unidades movilizadas fueron la Legión y los Regulares, aunque todos los efectivos en la ciudad autónoma están en alerta.

Ayer, además, se constituyó un Centro de Coordinación (Cecor), integrado por la Jefatura Superior de Policía y la Comandancia de la Guardia Civil, la Comandancia de Melilla y la Policía Local, «con el objetivo de coordinar aquellas actuaciones necesarias y prepararnos ante cualquier eventualidad». El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, presidió la reunión a su llegada a Ceuta tras anunciar la llegada de un refuerzo de 200 efectivos y confirmar la ejecución de una partida de 30 millones de euros a Rabat para su Policía de fronteras.

4.000 «devoluciones en caliente»

El Ministerio del Interior ha dado orden a la Policía y a la Guardia Civil desplegada en Ceuta para agilizar los trámites de devolución a Marruecos de las personas que han llegado a nado en aplicación del acuerdo bilateral con el país vecino de 1992. Un texto que ha sido actualizado de forma reciente para incluir el regreso exprés de aquellos migrantes que accedieron por el mar a través de los espigones fronterizos. Interior cuenta además con el aval de una sentencia de febrero de 2020 del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH), cuya Gran Sala avaló de forma unánime la política española de «devoluciones en caliente». Esta resolución consideró que las personas que saltan la valla de Melilla o de Ceuta lo hacen obviando la legalidad y «recurriendo a la fuerza».

El fallo supuso un giro radical con respecto a la primera sentencia de esta misma corte en 2017, que condenaba a España por considerar que esta práctica suponía una expulsión colectiva y, por lo tanto, violaban la Convención Europea de Derechos Humanos. La decisión de la más alta instancia de la corte de Estrasburgo revocó, por lo tanto, esa condena, y tuvo consecuencias no solo en la legislación española, sino que condicionó la política de fronteras de todos los miembros de la UE y, en general, de los 47 que forman el Consejo de Europa.

No obstante, diversas ONG como Cear, Red Acoge o Sos Racismo emitieron ayer un comunicado conjunto en el que advierten al Gobierno de que «las expulsiones colectivas o en caliente» que están llevando a cabo en Ceuta –4.000 personas hasta ayer– «no están permitidas por ley, ya que debe de individualizarse cualquier tipo de medida», como establecieron las sentencias del TEDH y antes del Tribunal Constitucional. Además, las organizaciones precisan que entre las personas que han llegado se estima que más de 1.500 son niños y jóvenes, y piden que «no se vulneren sus derechos fundamentales bajo ninguna circunstancia». Precisamente, una ley orgánica de 2009 sobre menores no acompañados afirma que en los supuestos en que se localice a un extranjero indocumentado cuya minoría de edad no pueda ser establecida, se le dará la atención inmediata que precise, de acuerdo con la legislación de protección jurídica del menor, poniéndose el hecho en conocimiento inmediato de la Fiscalía