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Imagen de la manifestación de hoy contra la nueva ley mordaza. Efe
El Ejecutivo mantiene intacta su intención de derogar la ley mordaza sin concesiones

El Ejecutivo mantiene intacta su intención de derogar la ley mordaza sin concesiones

En el Grupo Socialista creen posible que la nueva normativa esté aprobada antes de un año

Sábado, 27 de noviembre 2021, 17:15

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La campaña emprendida por la práctica totalidad de las organizaciones profesionales de las policías españolas contra las reforma de la ‘ley mordaza’ no va a cambiar ni un ápice los planes del Gobierno ni de los partidos que lo sustenta, según confirmaron tanto responsables del Ministerio del Interior como del PSOE y de Unidas Podemos.

La intención del Ejecutivo y de los grupos parlamentarios es tramitar la derogación de la normativa cuanto antes para evitar el desgaste en la calle y, además, hacerlo sin concesiones a los manifestantes. En el Gobierno esperan que los trabajos de la Ponencia para la reforma de la polémica normativa comiencen ya el 14 de diciembre, aunque Jusapol haya convocado frente al Congreso ese día una nueva concentración para expresar su rechazo al proyecto.

En el Grupo Socialista confían en que la reforma podría ser una realidad antes de un año ya que –aseguran- hay contactos ya con todos los partidos (a excepción de PP, Vox y Ciudadanos) para sacar adelante «sin demasiados cambios» la reforma pactada entre PSOE y UP.

En esencia –explican desde Interior- a priori habría consenso parlamentario suficiente para sacar adelante los aspectos más controvertidos de la reforma, entre ellos: la eliminación de la prohibición de difundir las imágenes de los policías sin contar con autorización; la prohibición del uso de pelotas de goma en algaradas; la obligación de devolver al detenido al lugar donde se produjo su arresto; el límite de 2 horas en las detenciones para identificación; la no sanción de concentraciones «espontáneas»; la perdida de presunción de veracidad del atestado policial si los hechos consignados por los agentes no resultan coherentes; y el hecho de tener en cuenta la capacidad económica individual de cada persona a la hora de fijar las sanciones.

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