Los dos exetarras testigos protegidos ya han delatado a doce jefes de la banda

Entre esta docena de cabecillas terroristas están cinco de los mandos de ETA que han sido imputados por ordenar los asesinatos de Gregorio Ordóñez, parlamentario autonómico del PP y teniente de alcalde del Ayuntamiento de San Sebastián, en 1995, y del concejal popular de la localidad de Ermua Miguel Ángel Blanco, en 1997. Esas dos causas son, precisamente, las que más avanzadas se encuentran y en ambas se han incorporado ya las confesiones que los dos exactivistas hicieron el pasado febrero ante los agentes de la Jefatura de Información de la Guardia Civil UCE-1 y que se recopilaron en un informe que el pasado 31 de marzo los exterroristas ratificaron ante el juez Alejandro Abascal, que investiga el asesinato de Ordóñez.

Según la documentación a la que ha tenido acceso este periódico, los nombres que los dos arrepentidos sitúan en los diferentes comités ejecutivos (Zuba) de ETA, y que en muchos casos ellos mismos llegaron a conocer directamente en reuniones clandestinas en Francia, son: Francisco Múgica, 'Pakito'; Mikel Albisu, 'Antza'; Soledad Iparragirre, 'Anboto'; José Javier Arizkuren, 'Kantauri'; Ignacio Gracia, 'Iñaki de Rentería'; Javier García Gaztelu, 'Txapote'; Julián Atxurra, 'Pototo'; Domingo Iturbe, 'Txomin'; José Javier Zabaleta , 'Baldo'; Eugenio Etxebeste, 'Antxon'; Santiago Arróspide, 'Santi Potros'; y José Antonio Urrutikoetxea, 'Josu Ternera'.

La delación de los testigos TP 2/2023 y TP 3/2023, según fuentes jurídicas, va a ser clave para apuntalar las acusaciones contra al menos cuatro de los cinco jefes acusados de ordenar el asesinato de Ordóñez (Rentería, Kantauri, Antza y Pototo). El quinto imputado por la muerte del político popular, Juan Luis Aguirre, 'Isuntza', no aparece en los atestados. Las declaraciones de los dos arrepentidos sí que implican directamente a los cuatro imputados por el secuestro y ejecución de Miguel Ángel Blanco (Antza, Kantauri, Rentería y Anboto).

Los dos testigos protegidos, tanto en su declaración policial como judicial, destacaron, no obstante, la influencia que durante los años ochenta tuvo Josu Ternera en la banda. «Mandaba y controlaba sobre todas las estructuras», llegó a afirmar textualmente uno de ellos.

En sus confesiones, los dos exetarras no solo revelaron que cualquier atentado que no fuera contra un objetivo «permanente» (policías nacionales, guardias civiles y militares) tenía que ser ordenado por el Zuba, sino que, además, el comité ejecutivo era el que facilitaba en Francia la información de ese objetivo «especial», ya fuera político, empresario, periodista, jueces o fiscal, entre otros.

Según el testimonio de los arrepentidos, el comando debía confirmar que los datos de los seguimientos previos facilitados por la dirección sobre ese objetivo «especial» eran correctos, hacer un informe para el Zuba que, finalmente, daba la orden directa para atentar contra la víctima. Una suerte de doble autorización.

Los testigos protegidos dijeron haber tenido reuniones en Francia con diferentes miembros del Comité Ejecutivo de ETA cada tres o cuatro meses, donde éstos les marcaban esos posibles objetivos «especiales». La fecha y el lugar de los encuentros se establecía con anterioridad o los terroristas eran citados a través de 'buzones' (habitualmente notas bajo piedras o en otros lugares ocultos). En esos encuentros trimestrales -afirmaron- un «enlace» de la banda, que habitualmente era también uno de los miembros del Zuba del momento, le facilitaba las armas o el lugar donde encontrarlas y las órdenes e información preliminar para atentar contra todo objetivo que no fuera uniformado.

Los arrepentidos detallaron que los grandes atentados con coches bomba, aunque fueran contra instalaciones policiales o militares, eran objetivos «especiales», por lo que también tenían que contar indefectiblemente con el visto bueno de los jefes.