Imagen de los miembros de La Manada. / EP

Un condenado de La Manada puede beneficiarse del bumerán del 'solo sí es sí'

El abogado de Ángel Boza recurrirá en busca de una rebaja de su sentencia por la violación de Sanfermines de 2016, el caso que fue el detonante de la nueva ley

LOURDES PÉREZ

La ley del 'solo sí es sí' se aprobó el pasado 7 de octubre, pero su principal detonante argumental se sitúa seis años atrás, en aquella madrugada de Sanfermines de 2016 en la que cinco hombres violaron a una joven en un portal de Pamplona. La víctima de La Manada sufrió un calvario judicial añadido al derivado de la agresión, después de que la Audiencia de Pamplona -con un voto particular de uno de sus magistrados muy polémico porque exoneraba a los enjuiciados y se manifestaba en tono rayano en el desprecio hacia la denunciante- y el Tribunal Superior de Justicia dictaran condena circunscribiéndola a un abuso sexual continuado. En medio de una indignación social sin precedentes, con manifestaciones ante los tribunales de justicia, y con el debate abierto en canal sobre si el problema estaba en la redacción del Código Penal o en la interpretación de los jueces, el Tribunal Supremo enmendó la sentencia y la endureció hasta los 15 años de prisión para los acusados por, esta vez sí, un delito de violación. El fallo disipó el malestar social, pero no la discusión jurídica.

Seis años después, el Gobierno de Pedro Sánchez, no sin fricciones entre los socios de coalición y con sendos informes del Consejo General del Poder Judicial y del Consejo de Estado que advertían sobre fallas en la técnica jurídica de la norma, aprobó la ley del 'solo sí es sí' claramente inspirada en la interpretación de que era preciso cambiar el Código Penal para evitar nuevos vía crucis como los padecidos por la víctima de La Manada. Se trataba de acotar así el margen de interpretación de los jueces con una modificación penal que eleva la tipificación de agresión para lo que venían considerándose como abusos.

La paradoja ahora es que el déficit normativo que permite rebajar las penas a los condenados por delitos sexuales puede acabar beneficiando a uno de los sentenciados por La Manada en aplicación del 'in dubio pro reo'; es decir, cualquier alteración en las penas que pueda resultar más ventajosa para el preso permite a este acogerse a esa prerrogativa. Una paradoja que, al tratarse del precedente que desató la preocupación política, jurídica y ciudadana por cómo se estaban afrontando en los tribunales los ataques que violentaban los derechos más íntimos de las víctimas, agrava la delicada situación en que se encuentra el Gobierno, que ve cómo el símbolo de los símbolos amenaza con engrosar la cadena de rebajas condenatorias.

El abogado de los cinco encausados que purgan prisión por la agresión en Pamplona, con una acumulación de penas en cuatro de los casos por haber vulnerado también la integridad de otra joven en la localidad cordobesa de Pozoblanco, trabaja ya en la presentación de un recurso para que se atenúe la pena de uno de sus cinco patrocinados, el único cuya condena puede encuadrarse en los nuevos tipos penales. Aunque Agustín Martínez no ha aclarado en una entrevista en Canal Sur a cuál de sus defendidos concierne la ley del 'solo sí es sí', quien puede apelar a ella es Ángel Boza porque su castigo penal se limita a los 15 años por la agresión de Pamplona y no carga con responsabilidades por el caso de Pozoblanco.

Martínez cree «perfectamente posible» aminorar la condena de Boza -sería en principio de un año- a la luz de la nueva normativa que ha abierto la puerta a rebajar las condenas de decenas de sentenciados por delitos sexuales. «Se han reducido los mínimos de las penas y la sentencia dictada en su día por el Tribunal Supremo hacía la acotación de referirse a que, efectivamente, se aplicaba el mínimo penal. Y habiéndose modificado el mínimo penal, pues entiendo que es más favorable la aplicación de la norma actual», ha explicado el letrado, quien ha censurado a la ministra de Igualdad, Irene Montero, por atribuir la oleada de reajustes a la baja de las condenas al supuesto «machismo» de los jueces y ha tildado la norma de »mala ley basada exclusivamente en la propaganda«.