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Europa Press / Washington
Lunes, 30 de octubre 2017, 21:19
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Manafort se ha entregado a primera hora de la mañana a la policía federal estadounidense, el FBI, y un gran jurado ya le ha informado de una imputación con doce cargos, entre ellos los de conspirar contra Estados Unidos, blanquear dinero, ocultar su labor de agente para un actor extranjero, falsear testimonios y esconder información bancaria.
El abogado de Manafort, Kevin Downing, ha destacado que no hay prueba alguna en los documentos publicados de que Manafort incurriera en colusión con el Gobierno ruso mientras trabajaba para la campaña de Trump y ha subrayado que su implicación en Ucrania terminó dos años antes.
“Creo que todos han podido ver hoy que el presidente Donald Trump estaba en lo cierto. No hay pruebas de que el señor Manafort ni la campaña de Trump incurrieran en colusión con el Gobierno ruso”, ha afirmado Downing en declaraciones a la prensa.
Manafort fue director de la campaña presidencial de Trump entre junio y agosto de 2016, cuando dimitió por la publicación de informaciones sobre el cobro ilegal de millones de dólares procedentes de un partido prorruso de Ucrania.
También está encausado en este proceso Richard Gates, antiguo socio comercial de Manafort y ‘número dos’ de facto de la campaña. Su nombre aparece en documentos relacionados con empresas que la compañía de Manafort creó en Chipre para recibir pagos de políticos y empresarios de Europa del este, según consta en los documentos hechos públicos. Tanto Manafort como Gates se han declarado no culpables de los cargos.
El tribunal ha dictado orden de prisión domiciliaria para Manafort y Gates con una fianza de 10 millones de dólares para Manafort y de 5 millones para Gates con una fórmula por la que no deberán aportar el dinero, pero si incumplen los términos de su prisión domiciliaria o si no comparecen ante el tribunal, automáticamente deberán esa cantidad. La próxima vista del juicio está programada para el jueves.
La Fiscalía sospecha que Manafort y Gates generaron decenas de millones de dólares en ingresos a partir de trabajos para partidos políticos y líderes ucranianos y que lavaron dinero mediante entidades extranjeras y estadounidenses para ocultar pagos entre 2006 y 2016.
Los cargos desvelados este lunes no están relacionados directamente con la campaña, algo que Trump ha querido destacar en Twitter. “Lo siento, pero esto es de hace años, antes de que Paul Manafort fuese parte de la campaña de Trump”, ha dicho el presidente en las redes sociales.
En este sentido, se ha preguntado “por qué no están la deshonesta (Hillary) Clinton y los demócratas en el centro” de la polémica y ha insistido en que “no hay colusión” entre su equipo y Rusia.
También el presidente de la Comisión de Inteligencia del Senado, Richard Burr, ha destacado que las imputaciones no cambian en nada la investigación abierta en la Comisión sobre la injerencia rusa en las elecciones presidenciales que llevaron a Trump a la Casa Blanca.
“No cambia nada en nuestra investigación. Hemos recibido documentos y nos han interesado dos de los individuos nombrados, pero es evidente que los cargos penales que se les imputan les sitúan en el ámbito del consejero especial”, ha destacado.
Al escándalo que rodea a Manafort y Gates también se ha sumado este lunes el caso de George Papadopoulos, un antiguo asesor de la campaña de Trump que ha reconocido haber mentido a los agentes del FBI, según ha revelado en otro comunicado la Fiscalía especial que encabeza Robert Mueller.
En concreto, Papadopoulos se firmó el 5 de octubre una declaración de culpabilidad por mentir al FBI poco después de que Trump tomase posesión del cargo de presidente, el pasado 20 de enero. Entonces, durante una investigación sobre la presunta injerencia rusa, el asesor admitió que había estado en contacto con un profesor que tenía “miles de emails” comprometedores sobre la candidata demócrata, Hillaron Clinton.
Según su versión, esta relación tuvo lugar antes de que se sumase a la campaña, pero la Fiscalía asegura que fue posterior y los documentos publicados este lunes certificarían que incluso se reunió con el profesor después de que Papadopoulos se sumara a la campaña de Trump.
El documento publicado este lunes por el conejero especial del Departamento de Justicia Robert Mueller señala además que Papadopoulos mintió en enero al no reconocer haber mantenido comunicaciones para preparar una reunión entre Trump, entonces candidato republicano, y el presidente ruso, Vladimir Putin.
Estos documentos señalan que una fuente no identificada de la campaña alertó a Papadopoulos en mayo de 2016 de que Trump “no hace estos viajes”, sino que “debería ser un responsable de nivel bajo para no dar ninguna señal”.
También habría mentido al FBI al decir que la reunión que mantuvo en Londres con una mujer rusa con relaciones en las altas esferas del Kremlin ocurrió antes de unirse a la campaña de Trump. Por todo ello, Papadopoulos se reconoce culpable de un delito de “declaración materialmente falsa, ficticia y fraudulenta” a agentes del FBI.
“Con sus declaraciones falsas y omisiones, el acusado Papadopoulos obstaculizó una investigación del FBI sobre la existencia de relaciones o coordinación entre individuos vinculados a la campaña y las intenciones del Gobierno ruso de interferir en las elecciones presidenciales de 2016”, subraya uno de los documentos judiciales.
La portavoz de la Casa Blanca, Sarah Sanders, ha argumentado en respuesta que Papadopoulos tuvo un papel “extremadamente limitado” en la campaña de Trump, de la que era solo un voluntario. “Pidió hacer cosas y se le echó atrás o directamente no se le respondió en modo alguno”, ha asegurado Sanders en rueda de prensa. “Cualquier acción que adoptara fue en nombre propio”, ha apostillado.
Los abogados de Papadopoulos han apuntado por su parte que “lo mejor para los intereses de nuestro cliente es (...) que no hagamos comentarios sobre el caso de George”.
Desde la oposición, el portavoz del Partido Demócrata en el Senado, Chuck Schumer, ha pedido a la Administración Trump que evite cualquier interferencia en la investigación. “El Estado de Derecho es primordial en Estados Unidos y la investigación debe seguir sin obstáculos. El presidente no debe bajo ninguna circunstancia y en modo alguno interferir en el trabajo del consejero especial”, ha apostillado.
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