«Trump nos está declarando la guerra»

Las organizaciones de derechos civiles calculan que el inquilino del Despacho Oval está sobreactuando en este enfrentamiento debido al ascendiente de la ciudad californiana entre los demócratas y a la ocasión que supone para la Administración en su lucha contra la inmigración ilegal. La alcaldesa, Karen Bass, reiteró ayer que todas las acciones de Trump están encaminadas a «sembrar el caos» en la ciudad, mientras otros dirigentes demócratas opinaron que el líder republicano ha generado un conflicto social para obtener beneficios políticos.

Trump y su secretario de Defensa, Pete Hegseth, viajaron por su parte a Fort Bragg, la mayor instalación militar de EE UU -en Carolina del Norte-, para pasar revista a los Marines, el último cuerpo militar desplegado en Los Ángeles. «No permitiremos que una ciudad estadounidense sea invadida y conquistada por un enemigo extranjero», les arengó tras subrayar la importancia de que vayan a proteger a la Guardia Nacional de «los ataques de una turba violenta y despiadada y de radicales de izquierda». A su juicio, «generaciones de héroes del ejército no derramaron su sangre en costas lejanas solo para ver cómo nuestro país es destruido por la invasión del tercer mundo aquí en casa. Como comandante en jefe, no permitiré que eso suceda».

Las protestas comenzaron el viernes, se intensificaron el fin de semana y continuaron hasta la madrugada de ayer, pero con menos alborotadores que gente sentada frente a la agencia federal de inmigración. El malestar cundió con las redadas efectuadas la semana pasada contra los indocumentados afincados en la ciudad. Anoche no había trascendido el número de detenidos en esas operaciones –desde 46 hasta 300, según a quién se pregunte–, pero sí que las deportaciones son rápidas. Algunos de los arrestados ya han sido puestos en la frontera con México para que crucen al otro lado por su propio pie. Un deportado firmó su propia expulsión en un documento que le fue presentado como una autorización para analizar su sangre y determinar si padecía el covid.

La violencia de las protestas, que ha conducido a quemar vehículos y asaltar negocios en el centro de Los Ángelés, ha disminuido, aunque la población continúa «muy enojada» con lo que considera un ataque «obsesivo» a su ciudad y su forma de vida. «Muchos de los migrantes a los que se está persiguiendo tienen ya una vida aquí y forman parte de la comunidad», destacó un sindicato de trabajadores. «No se puede sembra miedo y dolor por política. La actitud del presidente es la de un autoritarismo peligroso».

Las manifestaciones contra la política migratoria del Gobierno se han extendido a ciudades como Nueva York, Austin y San Francisco. Trump advirtió anoche que la misma respuesta que ha tenido con la ciudad californiana se repetirá «con igual o mayor fuerza» en cualquier otra protesta en Estados Unidos. «Si no hubiéramos atacado (los incidentes de Los Ángeles) con tanta fuerza, ahora los tendríamos por todo el país. Pero puedo informar al resto del país que, cuando lo hagan, si lo hacen, se enfrentarán a una fuerza igual o mayor que la que enfrentamos aquí mismo», declaró el mandatario a los periodistas. Luego, extendió su aviso a los grupos que previsiblemente se concentrarán el próximo sábado en Washington, en paralelo al fastuoso desfile militar con el que el líder republicano quiere festejar el 250 aniversario del ejército y que casualmente coincide con su 79 cumpleaños. «Quienes quieran protestar se enfrentarán a una fuerza muy fuerte», atronó.

Los angelinos se han puesto en guardia. El jefe del Distrito Escolar Unificado de Los Ángeles, Alberto Carvalho, anunció que su departamento ha prohibido el acceso de agentes de inmigración a más de un centenar de actos de graduación previstos esta semana en la metrópoli. Numerosas familias extranjeras han decidido no enviar a sus hijos al colegio estos días ante el temor de que les separen mientras van de camino a la escuela o están en las aulas. El sindicato de docentes calcula que 7.500 estudiantes carecen de documentos de residencia.

También miles de trabajadores foráneos han extremado las precacuiones, aunque la mayoría no puede permitirse prescindir de su salario diario, «La gente quiere mantener un perfil bajo», ha declarado a 'The Washington Post' Megan Foronda, secretaria de una organización laboral que emplea a ciudadanos filipinos. El miedo a ser detenidos es tan elevado que, segón Foronda, muchos extranjeros se quedan a dormir en sus centros de trabajo para evitar caer en las redadas. Los clandestinos evitan el centro de Los Ángeles, hipermercados y grandes almacenes, donde decenas de sus compañeros han sido arrestados.

El secretario de Defensa, Pete Hegseth, subrayó ayer ante la Cámara de Representantes que la misión de los 4.800 marines y miembros de la Guardia Nacional desplegados consiste en proteger a los agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) durante sus operaciones. En otras palabras, las siguientes redadas tendrán escolta militar. Aunque el gobernador de California, Gavin Newsom, anunció la interposición de una demanda para exigir su repliegue, fuentes de Defensa aseguraron que la presencia de la Guardia Nacional se prolongará sesenta días e incluso hicieron un cálculo de su coste: unos 130 millones de euros. «Deberíamos poder hacer cumplir la ley de inmigración en este país», apostillo Hegseth en la Cámara-

El fiscal general de California, Rob Bonta, señaló que la decisión del presidente y del secretario de Defensa, Pete Hegseth, de movilizar a los militares infringe la Décima Enmienda de la Constitución y la soberanía del propio Estado californiano. La confrontación introduce al país en un nuevo escenario inexplorado, como ha sucedido con Donald Trump en otras ocasiones. En su respuesta a la demanda californiana, la Casa Blanca piensa contraponer el Código de las Fuerzas Armadas, que permite al presidente movilizar la Guardia Nacional si existe «una rebelión o peligro de rebelión contra la autoridad del Gobierno de Estados Unidos».