Un grupo de mujeres protesta en Virgina contra la abolición del derecho a abortar. / MICHAEL REYNOLDS/efe

El Supremo que cambió Estados Unidos

La supermayoría conservadora del alto tribunal no ha perdido el tiempo en perfilar al país a su imagen y semejanza

MERCEDES GALLEGO CORRESPONSAL. NUEVA YORK

Para la mayoría ocurrió de la noche a la mañana. En apenas dos semanas las sentencias emitidas por el Supremo de Estados Unidos han transformado radicalmente el país, con un giro tan conservador que ningún presidente hubiera podido lograrlo. El tribunal ha expandido el derecho a portar armas libremente, ha restringido severamente el del aborto hasta quedar completamente anulado en algunos Estados, ha difuminado la separación entre Iglesia y Estado, ha fortalecido el poder policial y ha impedido a la Administración regular la industria del carbón para luchar contra el cambio climático. Feliz cumpleaños, América.

El lunes las barbacoas de este 4 de Julio serán un aquelarre en el que las mujeres quemen el calendario de sus menstruaciones, los hombres saquen brillo a sus pistolas y los evangélicos recen desafiantes. Sobre la llama, carbón. Negro, oscuro, muy contaminante. Nadie puede impedirlo. El Supremo es la última instancia. Miles, millones de estadounidenses reirán y bailarán alrededor de la hoguera que ha de trasladar al país a un tiempo pasado que muchos añoraban. El que les prometió Donald Trump cuando les hablaba en la campaña de los «viejos buenos tiempos». Ésos en los que la policía «hubiera sacado en camilla» a los manifestantes de Black Lives Matter que interrumpían sus mítines y las mujeres vivían alzadas en sus tacones para adornar al macho alfa.

Con el ramillete de sentencias bomba que ha emitido, la nueva supermayoría conservadora ha dado instrucciones a todos los jueces del país sobre cómo tienen que fallar: apegados a la Constitución con la que se fundó Estados Unidos hace 234 años y enraizados en la 'tradición'. No la de hace medio siglo, cuando sus antepasados aprobaron el derecho al aborto en Roe contra Wade, sino la de 1868, cuando se aprobó la 14 enmienda constitucional, que es «como los Estados regularon el aborto», escribió la opinión mayoritaria en su fallo de la semana pasada.

Los tres jueces progresistas disintieron airadamente en todas estas sentencias, calificando el apego «originalista» de su colegas de «acartonado y agarrotado». Los padres fundadores, interpretan ellos, «definieron los derechos en términos generales para permitir la futura evolución de los mismos en alcance y significado». Estados Unidos ya no es el país el Salvaje Oeste de entonces, ni los soldados llevan mosquetones. La Carta Magna puede guardarse en formol para que no evolucione, pero los mosquetones se han convertido en rifles de asalto automático que disparan cien balas por minuto. Y quienes los utilizan no se defienden de los soldados británicos ni de los indios, los cuáles, por cierto, también se han llevado un golpe del tribunal esta semana.

Al fallar el caso de Oklahoma contra Castro-Huerta, la mayoría conservadora ha mermado la soberanía de los nativos americanos en sus reservas, donde tienen control jurídico desde su fundación, según los tratados firmados. Los magistrados consideran ahora que el Estado de Oklahoma podrá juzgar a los que no sean nativos americanos por crímenes que cometan dentro de las reservas tribales, donde tienen su propia Policía y sistema judicial. «Uno solo puede esperar que las ramas políticas y los tribunales futuros honren las promesas que esta nación le hizo a los nativos, aunque hoy les hayamos traicionado nosotros», lamentó el juez conservador Neil Gorsuch.

Contra la jurisprudencia

En todos estos casos se fallaba en contra de una jurisprudencia ya existente. Fue el propio Gorsuch el que en 2020 escribió la opinión mayoritaria a favor de McGirt contra Oklahoma, en la que se negaba a ese Estado la oportunidad de detener y juzgar por crímenes cometidos «dentro de la jurisdicción de la reserva de una tribuna reconocida federalmente». De acuerdo a eso, casi la mitad de Oklahoma, incluyendo parte de Tulsa, escaparía del poder del gobernador republicano Kevin Stitt, que el 26 de mayo firmó la primera ley del país que prohíbe completamente el aborto, con la única excepción de salvar la vida de la mujer o en casos de violación o incesto previamente denunciados.

«La mayoría del tribunal ha anulado Roe contra Wade por una sola razón: porque siempre la han despreciado y ahora pueden votar para descartarla», escribieron al unísono los jueces Stephen Breyer, Sonia Sotomayor y Elena Kagan. Esa oportunidad se la proporcionó el líder del Partido Republicano en el Senado, Mitch McConnell, que en 2016 negó a Barack Obama el legítimo derecho de nombrar al sucesor del juez Antonin Scalia, fallecido en febrero de 2016. McConnell abusó de su poder para establecer la agenda del Senado y se negó a poner en ella la confirmación del juez Merrick Garland al que Obama había elegido, con el argumento de que faltaba «tan poco» para las elecciones que debía reservarse esa nominación al futuro presidente. Pudo haber sido Hillary Clinton, en cuyo caso las mujeres de EE UU no estarían ahora en las calles reclamando su derecho al aborto, pero fue Donald Trump, a pesar de que obtuvo menos votos que ella. Eso le permitió nombrar al juez Brett Kavanaugh, firmante de la opinión que esta semana ha robado soberanía a los nativos americanos.

El mismo argumento no sirvió para cederle a Joe Biden el honor de elegir a la sucesora de la jueza adalid del feminismo Ruth Bader Ginsburg, que falleció inoportunamente mes y medio antes de las elecciones. McConnell apresuró el proceso de confirmación de Amy Coney Barrett, a la que Trump juró en el cargo seis días antes de perder las elecciones. Muchos lo consideran «un golpe de estado del poder judicial en marcha», denunció la congresista Alexandra Ocasio-Cortez. «Si el presidente y el Congreso no lo frenan ahora, el tribunal está señalando que lo próximo serán las elecciones», advirtió.

En efecto, la corte anunció el jueves que revisará el caso de Moore contra Harper, una disputa sobre la potestad de la asamblea legislativa de Carolina del Norte para redistribuir los distritos electorales de una forma totalmente partidista que favorece electoralmente a la formación republicana. Tanto que el Supremo de ese Estado revirtió la decisión y estudia un mapa revisado. Si se impide que el Supremo de un Estado ponga freno a los abusos partidistas, como ya han avanzado que harán los jueces más conservadores, los partidarios de Trump podrían haber logrado que no se certificasen los resultados electorales de Pensilvania, por ejemplo, sin el cual Biden no estaría hoy en la Casa Blanca.

Elecciones de 2000

Paradójicamente, fue el Supremo el que intervino en las elecciones de 2000, llevándole la contraria a la máxima autoridad judicial de Florida y forzando el final del recuento de votos que separaba a Al Gore de George W. Bush por apenas 537 sufragios. Bush, otro presidente que no obtuvo la mayoría del voto popular, tuvo la oportunidad de nombrar a dos jueces del Supremo, Samuel Alito y John Roberts, que junto a los tres nombrados por Trump y el elegido por su padre, el juez Clarence Thomas, forman hoy la supermayoría de 6-3 que decide inevitablemente el rumbo de las sentencias, incluso si alguno de ellos no está de acuerdo.

Roberts, que se inclinaba por permitir que Mississippi limitara el aborto a las primeras quince semanas de gestación, pero no en anular la jurisprudencia de Roe contra Wade, es quien asestó esta semana el golpe a la Agencia de Protección Medioambiental (EPA). «Otro fallo devastador que hará retroceder al país», lamentó el presidente Biden, que pierde el poder para liderar al mundo en la lucha contra el cambio climático. El Supremo ha considerado que no tiene autoridad para regular las emisiones de carbono de las eléctricas, que según la meta de su Gobierno tendrían que generar cero contaminantes para 2035. «Se me ocurren pocas cosas más escalofriantes», escribió la jueza Elena Kagan al criticar a sus compañeros.

Hay algunas. La nueva camada de jueces que la Sociedad Federalista ha logrado colocar en el máximo tribunal, influyendo a presidentes conservadores, tiene entre 50 y 57 años. Pasarán décadas transformando la vida de varias generaciones en las que, por primera vez en la historia, las mujeres de EE UU tendrán menos derechos que sus madres.