Una soga cuelga en una protesta de ciudadanos iraníes asentados en Chile contra la represión del régimen ayatolá. / REUTERS

Manifestarse en Irán ya se paga con la horca

El régimen islámico ejecuta a uno de los detenidos en las movilizaciones que vive el país desde hace tres meses

MIKEL AYESTARAN Estambul

El régimen iraní tiene prisa por acabar con las protestas y da un paso al frente con la primera ejecución de un detenido en las movilizaciones. A partir de ahora los manifestantes, que llevan tres meses en las calles unidos por la muerte de Mahsa Amini a manos de la Policía de la moral, saben que la amenaza de la horca es real. La pena capital llega después de procesos muy rápidos ante la Justicia que las organizaciones de derechos humanos denuncian por la falta de garantías. El primero en esta lista negra de ejecuciones ha sido Mohsen Shekari, de 23 años, acusado de ser un «alborotador» que bloqueó una carretera principal en Teherán el 25 de septiembre e hirió a un miembro de una fuerza paramilitar con un machete.

A Shekari le detuvieron apenas pasados diez días desde el inicio de las protestas, el 1 de noviembre un tribunal le declaró culpable por pelear y sacar un arma «con la intención de matar, causar terror y perturbar el orden y la seguridad de la sociedad» y lo condenó a muerte por «enemistad contra Dios», informó la agencia Mizan, vinculada al Ministerio de Justicia. El acusado recurrió, pero veinte días después el Supremo ratificó la pena y pasados otros veinte le llevaron a la horca.

Organizaciones como Amnistía Internacional (AI) denunciaron que estas penas de muerte persiguen «reprimir aún más el levantamiento popular» e «infundir miedo entre el público». Shekari fue el primero de una lista que puede ampliarse en breve ya que de momento hay otros diez detenidos en las protestas en el corredor de la muerte.

Desde la cúpula de la judicatura la orden dictada por su máximo responsable, Gholam-Hossein Mohseni Ejei, es la de «emitir sentencias duras» como medida disuasoria. La presión sobre los jueces llega desde el poder legislativo ya que 227 miembros del Parlamento de 290 escaños firmaron una carta abierta pidiendo que se emitan sentencias de muerte a manifestantes detenidos.

Irá mueve ficha y ahora hay que ver la respuesta en las calles y en el seno de la comunidad internacional. Mahmood Amiry-Moghaddam, director del grupo activista Iran Human Rights (IHR) con sede en Noruega, pidió a través de las redes sociales una respuesta internacional «fuerte» a la ejecución, «de lo contrario, nos enfrentaremos a ejecuciones diarias de manifestantes». Las redes sociales se llenaron de mensajes de condena y el bloguero Hossein Ronaghi se dirigió a las autoridades para plantear que «no haremos la vista gorda, la ejecución de cualquier manifestante tendrá graves consecuencias. Quitarle la vida a una persona es quitarnos la vida a todos nosotros. ¿Tenéis suficiente espacio en el patíbulo para todos nosotros?».

Victoria moral

Pese a la falta de liderazgo, las protestas bajo el eslogan de 'mujer, vida, libertad' no cesan y esta semana han logrado su primera victoria moral con el anuncio de la suspensión de las patrullas de la Policía de la moral, el cuerpo en cuyas dependencias murió Amini el pasado 16 de septiembre. El final de las patrullas, sin embargo, no implica cambio alguno en la obligación de llevar el velo, una línea roja desde el triunfo de la revolución. Esta victoria ha costado ya la vida a más de 200 personas, según datos del Gobierno, aunque algunas organizaciones de derechos humanos aseguran que son más de 400 las víctimas y elevan a miles el número de detenidos. El Kurdistán iraní, zona de la que era original Amini, es el epicentro de las movilizaciones y huelgas generales como la que esta semana ha inmovilizado a parte del país durante 72 horas.

Según las cifras de AI, en 2021 Irán fue el segundo país que más aplicó la pena de muerte, solo superado por China. A comienzos de semana las autoridades de Teherán informaron del ahorcamiento de cuatro presos acusados de «cooperación en materia de inteligencia» con Israel y «secuestro». Los ejecutados fueron detenidos en mayo y la república islámica les vinculó con actividades de los servicios de inteligencia del Estado judío, muy activos dentro de Irán.