Dos milicianos talibanes, armados con fusiles de asalto AK-47. / EFE

La justicia del miedo se apodera de Afganistán

Los talibanes afirman estar dispuestos a recuperar las ejecuciones y las amputaciones «si son necesarias para la seguridad» del emirato

MIKEL AYESTARAN corresponsal en Jerusalén

El Emirato Islámico de Afganistán se consolida día a día, pero ningún país lo reconoce hasta el momento de manera oficial. El mundo permanece a la espera de conocer la forma de gobierno de unos talibanes que aseguran haber cambiado respecto al régimen que establecieron a finales de los noventa. Los islamistas han vuelto con fuerza tras veinte años de guerra contra Estados Unidos y en estas primeras semanas la seguridad se ha convertido en la exigencia número uno para el movimiento radical. Hasta las voces más críticas con ellos admiten el descenso de los crímenes, la ausencia de robos y saqueos. ¿El motivo? La reinstauración del sistema de justicia rápida a base de castigos y humillaciones públicas. Lo que es «justicia» para los fundamentalistas se convierte en «impunidad y miedo» para las organizaciones de derechos humanos.

Herat fue el escenario de la primera gran exhibición de este tipo de castigos. Hace una semana los talibanes colgaron cuatro cuerpos ensangrentados en las principales plazas de esta ciudad del oeste del país. Fueron abatidos en un tiroteo y, según los talibanes, se trataba de los secuestradores de un empresario local y su hijo. El nuevo gobernador, Maulwai Shair, aseguró que el objetivo era «evitar nuevos raptos».

La exhibición de fuerza en Herat se produjo veinticuatro horas después de que el exjefe de la Policía Religiosa o Policía de la Moral durante el primer emirato, hoy al frente de las prisiones del país, mulá Nooruddin Turabi, confesara a la agencia Associated Press (AP) que están dispuestos a aplicar ejecuciones y amputaciones «si son necesarias para la seguridad». El gran matiz diferenciador respecto a lo ocurrido en los años noventa introducido por el religioso fue que ahora este tipo de medidas pueden no aplicarse en público. Es imposible olvidar las ejecuciones, palizas y lapidaciones públicas realizadas en lugares como el estadio de Kabul hace dos décadas.

Hay un cambio de formas, pero se mantienen el fondo y los protagonistas aunque se han elegido a talibanes de las nuevas generaciones para dirigir la seguridad del Emirato. El Ministerio de Interior es responsabilidad de Sirajuddin Haqqani, de 48 años y en la lista de terroristas más buscados por EE UU por estar al frente de la temida Red Haqqani, y el de Defensa está en manos del mulá Muhammad Yaqoub, hijo del mulá Omar que ronda los 30 años.

Código escrito

El mulá Turabi fue el primero en hablar de manera oficial de la vuelta de la justicia talibán, pero de manera oficiosa se aplica en todo el territorio afgano. Mohammad Shebani es el máximo responsable de la Policía Religiosa en Kandahar, gran bastión islamista al sur del país, y es el encargado de velar por la aplicación de la rigorista versión del Islam que tiene el movimiento. Este cuerpo está vinculado al Ministerio del Desarrollo, Promoción de la Virtud y Prevención del Vicio, la institución que ocupa hoy el viejo Ministerio de Asuntos de la Mujer. En los 90 tenían entre sus misiones azotar a los hombres que no acudían a orar a las mezquitas, vigilar la largura de la barba y la vestimenta, destrozar radios y televisores o detener a mujeres que trabajaban o salían de casa sin compañía de un hombre de la familia.

En una entrevista concedida a 'The Observer', Shebani aseguró que «la gran diferencia hoy es que entonces carecíamos de un texto con las leyes fundamentales. Éramos combatientes sin una ley escrita que aplicar». Este mulá insiste en que «aunque algunos piensan que somos extremistas, el islam es una religión de moderación. Ni mucho, ni poco, todo en su justa medida». De las declaraciones realizadas al rotativo se desprende que en el nuevo código vigente en el emirato se reprenden los rumores, se exhorta a la limpieza y a la caridad, se llama al respeto de los derechos de la mujer y a la prohibición del matrimonio forzado, pero también se establece que la población femenina no debe tener contacto con ningún hombre fuera de la familia ni salir sola de casa.

Muchos países musulmanes introducen aspectos de la sharia (ley islámica) en sus sistemas legales, pero pocos aplican los castigos públicos, conocidos como hudud –que se traduce del árabe como 'límite'–. El sistema talibán estipula estas sanciones ante el adulterio, el robo, el consumo de alcohol, la apostasía o la rebelión. Son delitos que no pueden ser perdonados y cuyos castigos deben aplicarse en público. A un ladrón le cortan la mano, el consumo de alcohol se paga con latigazos y el adulterio conlleva lapidación en el código talibán.

Lo que para los talibanes es «justicia» es una vuelta de «la cultura de la impunidad y el ambiente del miedo», en palabras de Shaharzad Akbar. La responsable de la Comisión Independiente de Derechos Humanos de Afganistán, organización incapaz de seguir con su trabajo desde la llegada del emirato, recordó que, pese a las declaraciones de buenas intenciones, los islamistas «tienen en el punto de mira a exmiembros de las fuerzas de seguridad y sus familias, golpean y torturan a periodistas y borran a las mujeres de los espacios públicos». Para Akbar, como para muchos afganos, éste es «un momento de desesperanza para Afganistán».