Exlíderes de las FARC admiten crímenes de guerra y piden perdón

Colombia ha vuelto a sentir cómo es un país que ha vivido durante años bañado en el horror de la violencia, sangrando por toda su geografía tanto política como territorial. Ahora es la guerrilla la que reconoce sus delitos de lesa humanidad. En abril fueron los militares quienes admitieron haber cometido asesinatos y desapariciones forzadas que fueron presentadas como bajas en combates. Más de 6.400 civiles asesinados como si fueran guerrilleros cuando no lo eran.

Hasta ahora la guerrilla más combativa que ha tenido Colombia hablaba del secuestro como una razón revolucionaria. Hoy admite lo contrario. Los exjefes de las extintas FARC fueron conminados por algunas de sus víctimas a decir la verdad. «Yo perdoné. Seguir con odios es seguir secuestrado», señaló Óscar Tulio Lizcano, excongresista retenido durante ocho años, que pidió a los exguerrilleros que contaran lo que les pasó a los secuestrados que murieron en cautiverio o a los niños reclutados que terminaron asesinados.

Según la investigación de la JEP, de las 21.396 personas identificadas como víctimas de privaciones graves de la libertad, de ser sometidas a torturas, tratos crueles, violencia sexual y homicidio, el 9% fueron hombres y el 21% mujeres. El 5% eran niños o adolescentes. El 8,7% se dieron por desaparecidas, mientras que el 2,9% fueron asesinadas y sus cuerpos entregados. Un total de 14 años fue el cautiverio más largo.

Pablo Catatumbo Victoria, que llegó al secretariado de las FARC en 2008, admitió que el secuestro fue uno de los hechos más dolorosos de esta guerra, «La piel del dolor está reflejada en ellos», dijo para luego reconocer que nunca imaginó que la guerra podría llegar a alcanzar tales extremos de crueldad. «Nunca imaginé lo increíblemente duro, lo terriblemente desgarrador que sería sentarme frente a ustedes a escuchar todo el daño que le causamos», asintió.

Una de las verdades que admitió Catatumbo fue la de que durante el conflicto «muchos militares y policías fueron hechos prisioneros y se liberaban pasado un tiempo. Pero en 1997 un pleno del Estado Mayor, al que yo asistí, decidió (y por supuesto soy responsable) tomarlos como rehenes y forzar un intercambio humanitario por los guerrilleros que estaban en las cárceles. En 1998 se adoptó otra decisión grave: incluir a civiles dentro del canje».

Pastor Lisandro Alape Lascano, también excomandante del grupo guerrillero, reconoció su responsabilidad. «Estamos acá para asumir nuestra responsabilidad. Sobre todo cuando nos damos cuenta de que nuestra organización se convirtió en una máquina de odios».

La declaración más dura por parte de una de las víctimas sobre los siete exmiembros del grupo guerrillero salió del excongresista Orlando Beltrán: «Ustedes son una manada de asesinos y criminales que merecen el repudio de la sociedad colombiana». Beltrán también los llamó genocidas y los comparó con Hitler. 

El hecho de que las víctimas puedan tomar la palabra en estas audiencias significa mucho para el trabajo de la JEP, un órgano creado tras el Acuerdo de Paz firmado en 2016 entre las FARC y el Gobierno de Juan Manuel Santos, por lo que el presidente recibió el premio Nobel de la Paz. El objetivo no es otro que satisfacer el derecho de las víctimas a la Justicia, ofrecerles la verdad y contribuir a su reparación con el propósito de construir una paz estable y duradera.