Tenerife presiona a Rivero para blindar la moratoria

El presidente de la Asociación Hotelera y Extrahotelera de Santa Cruz de Tenerife (Ashotel), Jorge Marichal, considera «evidente» que «quien puede construir camas nuevas ni se plantea modernizar las plazas obsoletas». Por eso, su apuesta es «crecer en calidad, más que en números» y la tarea del Gobierno debe ser desarrollar la norma tal como fue redactada e impulsar los planes de modernización. En Tenerife, apunta, no hay ni uno. Concluye que un cambio «tan importante» a la Ley de Renovación Turística para permitir la construcción de hoteles nuevos de cuatro estrellas precisa «tiempo y una revisión sosegada» y, por tanto, debe ser abordada por el nuevo Gobierno.

Mientras, las distintas organizaciones empresariales de Las Palmas mantienen una posición unánime respecto a los cambios en la moratoria e instan al Ejecutivo a que tome la iniciativa, tal como se comprometió en el Parlamento regional.

En este sentido, el presidente de la Confederación Canaria de Empresarios, Agustín Manrique de Lara, considera que el «desencuentro importante» que se ha evidenciado entre el Gobierno y los grupos parlamentarios tiene como punto de partida «la falta de interés del presidente, Paulino Rivero, y el consejero de Política Territorial, Domingo Berriel, en sacar adelante los cambios».

Ésta es también la percepción del presidente de la Federación de Empresarios de Hostelería y Turismo de Las Palmas (FEHT), Fernando Fraile, quien señala que, «con los números en la mano no se podría demorar esta decisión», por lo que entiende que la postura del Gobierno se debe a un «enrocamiento» del presidente y no a una actuación objetiva».

En la misma línea se expresaba el pasado fin de semana el Círculo de Empresarios, que urgía a cambiar la ley, y le recordaron a Rivero su compromiso de introducir modificaciones a una norma que ha resultado «una trampa para Gran Canaria».

Estas fuentes rechazan que la construcción de nuevos hoteles de cuatro estrellas frene la renovación, y coinciden en el «daño que se hace a Gran Canaria, que ve como numerosas inversiones se van a otros lugares, que son su competencia», como indican Fraile y Manrique de Lara.