Seis
De las tres formaciones políticas que buscan un pacto de gobierno en Las Palmas de Gran Canaria, dos no tienen motivos para estar contentas y la tercera no es un partido. Con las elecciones del 24 de mayo en la mayor de ciudad de Canarias, los votantes han abierto un abanico que ventila los vicios de las mayorías absolutas, después de veinte años de poder acumulado en su mayor parte por el PP. La excepción de aquel mandato intercalado del PSOE no deberían perderla de vista los historiadores, por si tuviera algún interés en la prevención de errores ya cometidos. Por el mérito que supondría no insistir en ellos, o por simple precaución.
Dijeron los organizadores de Las Palmas de Gran Canaria Puede (LPGC Puede) que este llamado “partido instrumental” quedaría disuelto quince días después de las elecciones. Es decir, el próximo domingo, los seis cargos públicos electos bajo estas siglas dispuestos a gobernar, se quedarán sin partido sometidos a la única ley de una asamblea ciudadana “que no es la de Podemos”, según describen las crónicas fundacionales.
Los 27.127 votantes que apoyaron esta candidatura tendrán que delimitar entonces el control democrático aplicable a sus nuevos representantes o delegados. Además de asegurar la prometida transparencia inédita en el sistema político, proclaman una alternativa a la gestión del bien común pendiente de homologación. Sin esa red, todo lo que hay detrás de un subidón es un talegazo. Seis eslabones, solos, no hacen cadena.
Todo lo demás son derrotas. La mayor, la del PP, no tanto por el resultado como por la incapacidad para leer y admitir defectos propios en la gestión de Cardona y los suyos. Es más ciudad que cortijo, deberían saberlo. El PSOE tropieza con su peor escrutinio urbano de los últimos quince años, y Nueva Canarias (NC) no alcanza a comprender el peso capitalino. Todos tienen cuatro años para reivindicarse.
