Rivero toma las riendas para evitar las multas
El Gobierno regional ha cogido las riendas de la aprobación de los planes hidrológicos para intentar evitar las multas millonarias con que amenaza Bruselas. En un encuentro con los consorcios insulares de aguas, el Ejecutivo canario pactó un calendario para resolver directamente los expedientes en un plazo máximo de seis meses.
Aunque el Archipiélago no ha logrado cumplir la Directiva Marco del Agua en quince años, el plan diseñado por varios consejeros del Gobierno de Paulino Rivero se ha fijado como objetivo acabar con la amenaza inminente de sanciones de la UE «en pocos meses». Para ello, la primera decisión ha sido asumir la redacción de los planes hidrológicos, función que hasta ahora estaban desarrollando los cabildos mediante los consorcios de aguas.
Este acuerdo se alcanzó -tras un debate interno de varios meses- en un encuentro interdepartamental en el que participaron altos cargos de la Consejería de Agricultura y de Obras Públicas, a los que se sumaron representantes de los siete consocios insulares de aguas. El encuentro se convocó tras conocer que, superado el parón de las elecciones europeas, los técnicos de la Comisión Europea habían retomado el expediente para solicitar al Tribunal de Luxemburgo que imponga a España una multa millonarias por incumplir la Directiva Marco y no haber aprobado aún, cinco años después de la fecha límite de diciembre de 2009, los planes hidrológicos de cuenca de las siete islas canarias. El primer paso para eliminar esta amenaza era acabar con los obstáculos burocráticos que han provocado que el Archipiélago sea la única comunidad autónoma española incapaz de sacar a información pública y aprobar el planeamiento en materia de agua siguiendo las pautas marcadas por Bruselas. En este sentido, el Gobierno regional y los cabildos acordaron la suspensión de los planes hidrológicos en vigor que se hicieron antes de la directiva europea. De este modo, el Ejecutivo autónomo tiene ahora el camino libre para aprobar por la vía de urgencia nuevos planes que tienen que estar listos antes de seis meses.
Cumplir ese calendario implicará también cambios en la normativa del Archipiélago, es decir, aprobar medidas especiales y urgentes para que los planes hidrológicos puedan salir rápido saltándose su conexión actual con la política territorial que comanda Domingo Berriel.
El primer paso para lograrlo ya se ha dado. El Boletín Oficial de Canarias (BOC) publicó el pasado 31 de diciembre tres resoluciones de la Dirección General de Política Territorial en las que suspende la vigencia de los planes hidrológicos de Gran Canaria y El Hierro, algo que ya había hecho el 16 de diciembre con el plan de La Palma.
