Los ayuntamientos, los más opacos con sus ciudadanos

El Comisionado de Transparencia se lamenta en su primer informe de rendición de cuentas que «los ciudadanos no están ejerciendo apenas el derecho de acceso a la información, ni tampoco están haciendo una presión efectiva a las administraciones» para cumplir la ley.

En el año 2015 se registraron 325 peticiones de información dirigidas a las entidades públicas. La inmensa mayoría, 219, recayeron en los ayuntamientos, 91 recibió el Gobierno de Canarias y 15 los cabildos.

Las administraciones municipales son las que mayor número de peticiones rechazaron. Lo hicieron en 21 ocasiones, el 9,59%. El Gobierno denegó el acceso a 7 peticiones -7,69%- y los cabildos -sólo cuatro de los siete proporcionó estos datos al Comisionado- atendieron a todas salvo una que dio el silencio por respuesta.

Sin embargo, es el Gobierno el que concentra la mayoría de las reclamaciones que tramitó el Comisionado. De un total de 18, el Ejecutivo recibió 7 -el 39%-, la mayoría vinculadas con la Consejería de Obras Públicas. En cuanto a las corporaciones locales, el Cabildo de Tenerife acaparó la totalidad de las reclamaciones -4- y los ayuntamientos aparecen en 2.

El titular del Comisionado de Transparencia, Daniel Cerdán, constata en el informe que "bien se puede afirmar que la aspiración de transparencia forma parte de la agenda política y declarativa pero está todavía muy lejos de formar parte de práctica operativa habitual".

De hecho, se llega a reconocer que, al acordar con el Gobierno autonómico y los ayuntamientos las fichas para evaluar el nivel de transparencia, "las encontraron demasiado ambiciosas ante la realidad de la situación de la transparencia, y se decidió reducir las obligaciones de suministro de información".

Respuestas. Aún así, de los 96 sujetos públicos a los que el Comisionado les envió las mencionadas fichas, sólo respondieron 37. De los 32 ayuntamientos que contestaron, 15 lo hicieron con errores y sólo 10 los corrigieron.

Con los datos proporcionados, el Comisionado observa que la mayoría de la información proporcionada por las Administraciones que cumple los parámetros exigidos por la ley es de carácter institucional -organización, presupuesto, plantilla...-. En la del Gobierno se oculta la relativa a la concesión de servicios públicos, y se añade que "no ha dado información sobre el portal" hasta que éste no se actualizó, el 24 de febrero.

Otro elemento común es que lo más visto por los ciudadanos es el coste de los altos cargos y del personal de confianza. "Llama la atención -observa el Comisionado- que entre las 20 páginas más visitadas ninguna lo sea de información económico-financiera a pesar de la preocupación de la ciudadanía por la crisis".