Los alcaldes quieren que se cierren los 'agujeros' de la ley del suelo
A la Federación Canaria de Municipios (Fecam) le «preocupa» el poder que otorga el Anteproyecto de Ley del Suelo al Gobierno para promover «actuaciones excepcionales» y modificar el planeamiento. Advierte además que puede ser un agujero para proyectos que no son de interés general.
Los alcaldes pedirán a los partidos políticos que tienen representación parlamentaria que «definan de forma muy clara» el poder que otorga el Anteproyecto de Ley del Suelo al Gobierno autonómico para suspender cualquier instrumento de ordenación, modificarlo y adaptarlo a la realización de actuaciones excepcionales, tal y como establece el artículo 169.
El presidente de la Comisión de Urbanismo de la Federación Canaria de Municipios (Fecam), Pedro Martín, subrayó la necesidad de que esta actuación sea «realmente excepcional y para eso, hay que definir qué se entiende por excepcional».
Los alcaldes consideran que una intervención de este tipo por parte del Gobierno -o a instancias de otras administraciones o particulares- «sólo podría ser adoptada cuando no fuera posible en los planes insulares», y demandó un «especial cuidado» con las iniciativas privadas que se materialicen a través de esta vía, para que «sólo sean de interés para la ciudadanía».
El también alcalde de Guía de Isora hizo estas precisiones al informar sobre algunas alegaciones que ha formulado la Fecam al texto.
«En líneas generales, apoyamos el anteproyecto», afirmó Pedro Martín pero entre otras cosas, abogó por «definir un nuevo modelo de relación entre administraciones» a través del cual se canalicen los conflictos.
En este sentido, la Fecam propone que sea el Gobierno el que resuelva las diferencias entre ayuntamientos y cabildos y el consejo de gobierno, el que medie entre el propio Ejecutivo y las corporaciones insulares.
Los alcaldes respaldan la propuesta del Gobierno para redefinir la (Cotmac), aunque plantean que sus informes sean «preceptivos y vinculantes».
Asimismo, la Fecam reclama que los cabildos «nos tengan en cuenta» en los planes territoriales insulares.
