Ley vigente
Entre las muchas cosas buenas de vivir aquí, una que no pasa desapercibida es la independencia del poder judicial en su conjunto. Da gusto. Cuando el ministro de Justicia recuerda que los fiscales están obligados a acatar el criterio de sus superiores, contribuye a mejorar la sociedad. Lo dijo esta semana en público, cuando se supo que los fiscales que trabajan en la trama Púnica se negaron a firmar una orden de la Fiscalía Anticorrupción.
Todo porque el presidente de la Comunidad de Murcia lo implican en un asuntillo que se parece a delitos de fraude, cohecho y revelación de información reservada. Unos contratos para mejorar su imagen cuando era consejero de Educación no le gustan al juez, ni los pagos de favores que los justificaron. No tendrá la misma suerte que el vicepresidente del Senado y expresidente de La Rioja, Pedro Sanz, que ya no tendrá que explicar el proceso por el que una pequeña caseta de labranza situada en suelo no urbanizable acabó convertida en un chalé de dos plantas y 155 metros cuadrados con jardín de más de 1.000 metros, que le ha servido de vivienda habitual. El fiscal del caso vio indicios de delito, pero no le parecieron suficientes para ordenar una investigación penal, por indicación de sus superiores. Lo dice la vigente ley del jefe; cuando un empleado se cree que tiene la razón, se le deben aplicar los artículos primero y segundo. El jefe siempre tiene la razón.
El ministro, en el ejercicio de sus competencias, bien podía alegar que los fiscales no deben estar pendientes de minucias, que el país depende de cosas más importantes. ¿Qué es un chalet en la vida de un djrigente? ¿Qué es la política sin contratos que gestionar? La justicia no debe distraerse. Y cuestionar la financiación de los partidos es poner palos en las ruedas de la democracia. Dónde iremos a parar.
