Las partes tachan de «ilegal» la citación de Pamparacuatro
Varias de las partes personadas en el caso Unión ha recurrido la decisión de la juez Silvia Muñoz de citar el jueves pasado al anterior juez, César Romero Pamparacuatro, para la revisión de más de 90 autos que carecían de su firma. Creen que el anterior juez, con destino ahora en otro órgano, no tiene jurisdicción en la causa.
Los abogados de varios imputados en el caso Unión han recurrido la decisión de la juez del caso, Silvia Muñoz, de citar para el pasado jueves al anterior magistrado, César Romero Pamparacuatro, para proceder a revisar más de 90 autos y resoluciones dictadas en la etapa en la que éste ejerció de titular del juzgado de Primera Instancia número 5, y que afectan a ordenes de detención, registros y muchas otras, que al parecer carecen de su rúbrica.
Los abogados interpusieron recurso contra esta decisión de citar al anterior juez, por entender que ya no tiene jurisdicción en esta causa y por tanto no puede revisar, firmar o intervenir en lo que la actual jueza califica de «subsanación de un error material involuntario» sobre los autos que no tienen la firma del juez que los dictó.
Las partes solicitaron a la magistrada con antelación a que se produjera la visita de Pamparacuatro al Juzgado el jueves pasado, que suspendiera la comparecencia y en todo caso, de no hacerlo que les dejara estar presentes en un asunto que arroja muchas dudas como es la revisión y en su caso firma de nada menos que casi un centenar de resoluciones de gran importancia, que afectan a los derechos de los detenidos e imputados en esta macrocausa. Sin embargo, la magistrada rechazó mediante providencia suspender la citación y denegó a las partes la posibilidad de estar presentes. No obstante, no ha entrado a resolver el fondo de la solicitud relativa a la supuesta ilegalidad de la intervención del juez Pamparacuatro en un procedimiento en el que dudan que pueda ya intervenir.
Como se sabe, el jueves, César Romero Pamparacuatro pasó cerca de cinco horas revisando los autos que al parecer carecen de su firma. Según algunas fuentes vinculadas al caso, el juez se negó a proceder a la firma de las resoluciones, sin que hayan transcendido más detalles de lo que dio de sí esta polémica diligencia.
Los cerca de 90 autos sin firma del juez, pero sí del secretario, afectan a detenciones, registros, petición de datos a Hacienda, apertura de cajas fuertes y traslados de detenidos desde la Península.
