La ley que regula la muerte digna está a punto de ser aprobada

Almudena Sánchez
ALMUDENA SÁNCHEZ

La ley que regula el derecho de los pacientes a elegir el tratamiento médico a aplicar cuando sufren una enfermedad terminal está a punto de ser aprobada en el pleno del Parlamento previsto para el día 27. El espíritu de consenso que ha rodeado la tramitación del texto ha facilitado mucho el camino.

Tal y como se explica en los primeros párrafos de la proposición de ley, cada vez son más frecuentes las situaciones «complejas» en las que los pacientes y los profesionales sanitarios no saben exactamente qué hacer y cómo abordar los tratamientos paliativos de enfermedades terminales o que ocasionan un gran sufrimiento.

Esto ha generado un «amplio debate social, que refleja la conveniencia de abordar de forma específica la regulación de los derechos que afrontan el proceso final de la vida, con el fin de preservar la dignidad de la persona en ese trance, respetar su autonomía y garantizar el pleno ejercicio de sus derechos». Así es como los impulsores de la iniciativa -Coalición Canaria ( CC) y Partido Socialista Canario ( PSC) justifican su presentación en el Parlamento.

El texto pasó ayer jueves por la mayoría de los trámites obligatorios y está preparado para su aprobación definitiva el próximo 27 de enero, día en el que probablemente se convocará un pleno extraordinario.

El alto grado de consenso entre todos los grupos parlamentarios, inusual en la Cámara, ha facilitado mucho su tramitación. Asimismo, cabe destacar que la mayoría de las observaciones hechas por el Consejo Consultivo -órgano encargado de supervisar el cumplimiento de la legislación marco- han sido incorporadas al texto que, de esta forma gana en seguridad jurídica.

Esto es particularmente relevante al tratarse de una materia delicada. De hecho, en el Consultivo se suscitó un debate que ha acabado con una disidencia respecto del dictamen aprobado.

En primer lugar, la discrepancia viene, además de temas estrictamente legales y del Derecho, por el alcance que da la mayoría de los consejeros al «derecho a la vida». Dicha mayoría entiende que hay sentencias del Tribunal Constitucional que sugieren, en su comentario a la proposición de ley, la existencia también de un «derecho a la propia muerte o a la muerte eutanásica»; por contra, el presidente del Consultivo, Carlos Millán, lo niega y también lo rechaza. Asimismo, advierte de «inseguridad jurídica» en varios asuntos que se regulan como por ejemplo, el de la sedación. Considera que se asimilan diferentes tipos de tratamientos y no se consideran las consecuencias penales ni las objeciones de conciencia que pudieran tener los facultativos que participan en ellos.