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Toca ahora al Consejo Consultivo pronunciarse sobre si el Proyecto de Ley del Suelo que ha reelaborado el Gobierno autonómico, tras un largo período de consultas, se ajusta o no al marco legal vigente.
El Consejo de Gobierno le remitió al órgano consultivo el texto tras aprobarlo en la reunión de ayer. Esta vez no le ha pedido el dictamen con prisas. «Tendrá el tiempo que marca la ley para dictaminar sobre una norma de tanta envergadura como tiene ésta», indicó la consejera de Política Territorial, Nieves Lady Barreto.
A lo largo de los últimos cuatro meses, el anteproyecto ha sido el centro del debate político en Canarias. El Ejecutivo amplió el plazo de información pública y presentación de alegaciones durante dos meses hasta culminar en el proyecto aprobado ayer.
Barreto informó que se presentaron 129 alegaciones y que «la mayoría» se han aceptado, aunque no dio cifras. Tampoco fue precisa al explicar cuántas de las aceptadas están vinculadas con la parte territorial del proyecto de ley y cuántas con la ambiental.
Lo que sí manifestó abiertamente la consejera fue que «el texto que hemos aprobado es mucho más claro y participativo que el de enero», cuando se trabajaba aún en la propuesta elaborada por la comisión de expertos que nombró el Ejecutivo.
La mayor parte de esas alegaciones fueron presentadas por organizaciones empresariales, sindicales, vecinales y sociales. También se han incluido observaciones de los cabildos y ayuntamientos, además de las de la Federación Canaria de Municipios (Fecam) como entidad con personalidad jurídica propia.
El Gobierno resalta los informes de los distintos departamentos que lo componen, pero ese trámite es preceptivo, al igual que haberlo publicado en el Portal de Transparencia. Sin embargo, lo que todavía no aparecía ayer en él fueron precisamente las alegaciones presentadas y la respuesta que ha ido dando el Ejecutivo a las mismas, como tampoco el propio proyecto de ley.
En cualquier caso, si se cumplen los plazos, el proyecto legislativo llegará al Parlamento en verano.
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