La investigación del caso Unión pierde impulso
El caso Unión (sumario 697/2008), que instruye el Juzgado de Primera Instancia número 5 de Arrecife, poco a poco va a perdiendo impulso y, además, se ha visto afectado por supuestas irregularidades denunciadas en la tramitación. Lo que en un principio deslumbró por la magnitud de las operaciones llevadas a cabo, con más de medio centenar de detenidos -más del centenar de imputados; un despliegue de medios inusual, con desembarco de agentes de la Unidad Operativa Central de la Guardia Civil (UCO) llegados a la isla ex profeso para practicar registros e intervenciones; uso de helicópteros; incautaciones de kilos de documentos y equipos informáticos; intervención de teléfonos, cuentas corrientes y mucho más- ahora se ve amenazado por los últimos acontecimientos. Las últimas denuncias realizadas ponen en duda algunas de las actuaciones realizadas. Es el caso de la desaparición misteriosa de pruebas, como la grabación de la única reunión del denunciante que dio origen a esta macrocausa, el exsecretario insular del PSOE, Carlos Espino, con el empresario imputado por supuesto soborno, Luis Lleó. Otro ejemplo es la reciente anulación, por parte de la Audiencia Provincial, de registros domiciliarios, por graves irregularidades en los autos que ordenaron las entradas y conculcación de derechos fundamentales consagrados en la Constitución. A ello se unen defectos o anomalías procesales detectadas en los últimos meses por las defensas, como la detección de más de un centenar de autos sin la firma del magistrado responsable, en los que se ordenaban detenciones con incomunicación, registros domiciliarios, investigación de cuentas corrientes, aperturas de cajas de seguridad y otras actuaciones vinculadas. También llaman la atención gravísimas denuncias por parte de uno de los principales imputados, el empresario Luis Lleó, que acusa al juez instructor que inició la causa, César Romero Pamparacuatro, así como a la UCO, de haber falseado supuestamente pruebas para imputarle. Entre otras, el llamado informe de Costa Roja, que según la defensa del imputado se elaboró con posterioridad a las fechas que figuran, además de incluirse documentos incautados en registros practicados ilegalmente, según se reconoció por la Audiencia Provincial. También se acusa al anterior juez de falsear supuestamente autos, con fechas inconexas o circunstancias de dudosa explicación. Las denuncias ya fueron adelantadas hace meses con anticipos de querellas.
Al traste. Todo ello amenaza con ensombrecer un arduo trabajo de investigación de profesionales del Juzgado, la Fiscalía y la Policía Judicial, llevado a cabo durante seis años y que echaría por la borda todo el esfuerzo para combatir buena parte de la supuesta corrupción de Lanzarote.
