El Supremo fija en 16 millones un solar expropiado por 1,5

El Tribunal Supremo ha desestimado los recursos del Ayuntamiento y de los dueños de una parcela en El Rincón por una expropiación de 1989 para ampliar el paseo de Las Canteras. El Alto Tribunal ratifica que el valor del suelo es de 16,6 millones. A esta cantidad se llega tras varias retasaciones puesto que el valor inicial era de 1,5 millones. Lejos de la reclamación de los propietarios, la mercantil Vicente Ortuño y Cía, que exigían 57,51 millones de euros por su parcela de 3.137 metros cuadrados; pero distante también de la primera valoración de la finca, que en 1989 se expropiaba por 1,5 millones de euros, el largo proceso judicial que se ha desarrollado en torno al solar de Covadonga, 2, para ampliar el paseo de Las Canteras se acaba de sustanciar en el Tribunal Supremo con una decisión que ratifica lo dictaminado por el Tribunal Superior de Justicia de Canarias en julio de 2011: 16,58 millones de euros. Por consiguiente, esta cantidad será la que deberá abonar la ciudad a Vicente Ortuño y Cía después de una larga batalla de recursos y retasaciones que se inició en 1989 por el suelo que hoy ocupa la escultura de Alfredo Kraus, de Víctor Ochoa. El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria expropió la parcela por un precio de 1,5 millones de euros. Sin embargo, las demoras en el pago propiciaron que los propietarios exigieran una nueva retasación, tal y como permite la ley si no se salda el justiprecio expropiatorio en dos años. Así, cuando el Consistorio había consignado 1,73 millones de euros, el jurado provincial de expropiación ya había fijado el precio de la finca en 3,57 millones de euros; y cuando dos años después se saldó la diferencia -1,84 millones de euros-, ya estaba en marcha la segunda retasación, que el jurado de expropiación fijó en 5,9 millones de euros y que la propiedad elevaba hasta los 57,51 millones de euros. Esto provocó una batalla judicial que se saldó con la determinación del justiprecio en 16,58 millones de euros por parte del Tribunal Superior de Justicia de Canarias. Su sentencia fue recurrida en casación tanto por el Ayuntamiento como por los dueños, pero el Supremo ratifica ese precio y desestima los recursos.