El PP se ofrece al presidente para aprobar la ley del suelo
El Partido Popular (PP) se muestra favorable al Proyecto de Ley del Suelo aprobado por el Gobierno este lunes, al comprobar que se mantienen descentralizadas las competencias. Pero advierten que votarán en contra si el Partido Socialista Canario logra en el Parlamento que la Comunidad Autónoma recupere su poder.
La portavoz del grupo parlamentario del Partido Popular (PP), Australia Navarro, fue este martes taxativa: «si se elimina definitivamente la Comisión de Ordenación del Territorio y Medio Ambiente (Cotmac) tal y como está hoy vigente, el Gobierno de Fernando Clavijo puede contar con nuestro apoyo» para sacar el Proyecto de Ley del Suelo adelante.
El punto de partida de los conservadores debilita al Partido Socialista Canario (PSC) en su condición de socio de gobierno de Coalición Canaria (CC). Los socialistas rechazan que la Administración autonómica pierda poder en favor de las corporaciones locales, tal y como ha figurado en las distintas versiones del proyecto de ley.
El lunes, tras el Consejo de Gobierno, el viceconsejero de Presidencia, José Miguel Barragán, hizo hincapié en el carácter «vinculante, único y preceptivo» del informe emitido por el Gobierno canario respecto de los planes insulares y generales, trasladando así la idea del «reforzamiento» que ha sugerido el Consejo Consultivo.
«Los mensajes que trasladan los partidos que apoyan al Gobierno son confusos e incluso a veces, contradictorios», advirtió Navarro. De ahí los condicionantes que pone el PP para apoyar totalmente el proyecto legislativo del Gobierno.
En una primera lectura del texto aprobado el lunes, el diputado portavoz del PP en materia territorial, Miguel Jorge, constata que «se mantienen descentralizadas las competencias», pero puntualizó que «hay asuntos que requieren mayor claridad».
Jorge Blanco puso de ejemplo la advertencia que se atribuye el Gobierno para advertir de una infracción a los cabildos y ayuntamientos. «Son los tribunales los que deben declarar si la hay o no, a no ser -añadió- que un informe de legalidad se quiera convertir en un informe de oportunidad, a través del cual se impongan modelos de ordenación territorial que no competen a la Comunidad Autónoma».
