El PP pide ventajas fiscales para apoyar a las familias
El Partido Popular (PP) pide al Gobierno de Canarias que reduzca a través de una ley la carga fiscal de cualquier tipología de familia para facilitar el «acceso a la vivienda habitual, fomentar la natalidad, la conciliación de la vida familiar y laboral y la creación y mantenimiento de empresas familiares».
Los conservadores han empezado a tramitar en el Parlamento una proposición de ley de «apoyo a la familia» cargada de una ristra de ventajas fiscales y ayudas públicas para hacer posible la «conciliación, la sensibilización social, el empleo, la vivienda, la educación, la cultura, el turismo y los ámbitos social, sanitario y fiscal, de ayudas directas y de participación».
De hecho, se dedica una sección del texto articulado a «beneficios fiscales en los impuestos sobre la renta de las personas físicas (IRPF), sobre trasmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados y sobre sucesiones y donaciones, para las familias canarias, especialmente para aquéllas definidas como de especial consideración». Se incluyen además «exenciones y bonificaciones en las tasas y precios públicos que graven servicios o actividades de carácter cultural, educativo, social o sanitario, para aquéllos obligados al pago que integren familias de especial consideración».
La conciliación laboral ocupa un capítulo entero de la proposición de ley, con diversas medidas. Así por ejemplo, se insta a primar en las adjudicaciones públicas a las proposiciones presentadas por empresas públicas o privadas que establezcan a favor de sus trabajadores medidas de conciliación continuadas en el tiempo».
Asimismo, se plantea que «en la elección de centro educativo por parte de padres y madres, se incluya como criterio prioritario no sólo el domicilio familiar sino también el laboral». O la «aplicación de horarios racionales y flexibles en las empresas canarias» para permitir la conciliación.
En este mismo contexto se propone fomentar el «teletrabajo» tanto en el ámbito público como en el privado.
La proposición de ley desarrolla una serie de medidas «materiales» en el ámbito de la educación, sanidad, vivienda, empleo, cultura y ocio, servicios sociales, consumo e incluso en el acceso y uso de las nuevas tecnologías.
