El PP consolida la Cotmac que pretende CC en la ley del suelo
El apoyo del Partido Popular (PP) al órgano diseñado por Coalición Canaria (CC) para sustituir a la Comisión de Ordenación del Territorio y Medio Ambiente (Cotmac) fue determinante para que los nacionalistas pudieran mantener su posición, radicalmente diferente a la del Partido Socialista Canario.
Así como en otros aspectos del Proyecto de Ley del Suelo que han generado debate Coalición Canaria (CC) se ha visto forzada a matizar algunas de sus enmiendas, ayer en cambio salió fortalecida gracias al respaldo que le dio, principalmente el Partido Popular (PP), además del grupo Mixto que, en este último caso ya es habitual.
Si los nacionalistas y conservadores mantienen esta coincidencia hasta la votación final del proyecto de ley, ellos solos podrán sacar adelante que la nueva Comisión de Ordenación del Territorio y Medio Ambiente (Cotmac) haga la evaluación ambiental estratégica del planeamiento estructurante, y que los cabildos así como los municipios de más de 100.000 habitantes puedan crear un órgano propio para tal fin o hacer un convenio con la Administración autonómica.
El portavoz del grupo Nacionalista, José Miguel Ruano, recordó que su enmienda fue «resultado del acuerdo alcanzado con el Partido Socialista Canario (PSC) cuando firmamos la segunda adenda» del pacto de gobernabilidad que los mantuvo juntos en el Ejecutivo hasta diciembre. «Al PSC le parece bien nuestra enmienda pero la considera insuficiente», constató después de resaltar la «contribución del PP a que hayamos podido mantener la enmienda».
En el lado contrario se situaron los socialistas apoyados por los grupos de Podemos y Nueva Canarias (NC).
El portavoz de este último, Román Rodríguez, defendió que la nueva Cotmac aprobara una evaluación ambiental estratégica «para todos los planes de ordenación insulares y generales, es decir, para los siete cabildos y los 88 municipios de la comunidad», según una nota de prensa.
Rodríguez insiste en el comunicado que «debe hacer una sola Cotmac que, bien reglada, dimensionada y diligente, no entorpezca la tramitación de los planes insulares ni los municipales». Además añadió que este modelo daría una «mayor seguridad jurídica al planeamiento de las islas y de los municipios».
