El juez investiga el falseamiento masivo del sumario de caso Unión
El juzgado de Arrecife ha admitido a trámite una querella del abogado Luis Lleó contra el secretario judicial del caso Unión, y dos agentes de la UCO, el instructor y el secretario del expediente, por supuesta falsedad masiva de documentos e infidelidad en la custodia de los mismos. El juez ve posibles infracciones penales.
La querrella admitida por el Juzgado de Instrucción número 3 de Arrecife se dirige contra el exsecretario judicial del caso Unión, José Ramón Vera Machín, contra el instructor policial y mando responsable de la Unidad Operativa de la Guardia Civil (UCO), Vicente Corral Escariz, y contra otro agente en calidad de secretario policial de la investigación del caso Unión.
El escrito de denuncia consta de 177 folios y viene acompañado de 448 documentos, y al menos 12 informes periciales caligráficos, documentoscópicos y técnico forenses, que demostrarían científicamente el falseamiento sistemático de oficios, autos y resoluciones judiciales, así como de los soportes de audio y vídeo en que se grabaron las reuniones de Carlos Espino y el empresario Fernando Becerra, con el fin de dar apariencia de legalidad a documentos inicialmente inexistentes y que después se incorporaron a las actuaciones en un intento de reconstruir un sumario inexistente.
Según la denuncia existen sobrados indicios racionales de falsificación masiva de resoluciones policiales y judiciales que no tienen parangón en el derecho procesal penal español.
La querella fue presentada el 30 de octubre de 2014 directamente en las diligencias abiertas a raíz de la denuncia del juez instructor del caso Unión, César Romero Pamparacuatro, por supuesto robo de documentos de este sumario, si bien el juez instructor del Juzgado que ahora conoce la misma optó por rechazarla e inadmitirla por entender que se trataba de hechos distintos no conexos con los investigados, por lo que optó por su envío al Decanato para su reparto, volviendo a recaer en el mismo Juzgado de Instrucción 3.
Los hechos que se relatan en la denuncia pondrían de manifiesto que en los 30 primeros tomos del caso Unión no existieron garantías de integridad, ni autenticidad, de la tramitación de la causa, ni fe pública judicial.
La macroquerella con periciales apunta a que la causa se fabricó
La querella de Lleó, que afecta directamente al fedatario público de la instrucción del caso Unión, arranca con las dudas que la propia instructora actual del caso, Silvia Muñoz, siembra sobre la actuación del secretario del procedimiento, José Ramón Vera Machín. Dichas dudas quedan plasmadas en el auto de 2 de junio de 2014, en el que cuestiona la fe pública judicial, y las desconfianzas se acrecientan cuando el propio instructor inicial de la causa, César Pamparacuatro, denuncia en febrero de 2014 que un centenar de resoluciones, (cuyas copias sí figuran en la causa, pero sin su firma), han sido sustraídos o extraviados, ya que él mismo los elaboró, imprimió y firmó en el momento de dictarlos.
La desconfianza hacia el secretario se amplía, cuando éste, en un escrito a la juez, para explicar por qué las cien resoluciones sí tienen su propia firma y no la del juez, sostiene que todo se debió a un «nimio error», ya que él firmó copias de los autos, porque los originales habían sido sustraídos.
Con estos antecedentes, la querella analiza (apoyándose en informes periciales, que verifican el presunto continuo falseamiento de fechas, firmas y cuños), más de cincuenta autos, providencias, oficios y atestados, que presumiblemente, de forma inicial no estaban en la causa y se incorporaron en algunos casos años después, para dar apariencia de legalidad. Siempre amparándose en el secreto sumarial y en la no inclusión de las actuaciones en el programa informatico de gestión procesal Atlante.
Otras querellas
El Juzgado ya ha notificado la incoación y admisión a trámite de la denuncia a los afectados. La Fiscalía no ha recurrido la incoación de diligencias previas. La denuncia afectarían a todos los derechos fundamentales de la totalidad de los imputados en el caso Unión. Lleó denuncio estos hechos en el propio Juzgado conocedor del caso Unión en 2013 y ya ha presentado dos querellas en el TSJC contra los aquí denunciados, contra el juez Pamparacuatro y el fiscal, por participar en hechos análogos de presuntos delitos de falsedad e infidelidad en custodia de documentos, habiéndose inadmitido la primera, pendiente de recurso de suplica, y estando en trámites la segunda.
