El Gobierno se queda con el control de la transparencia

Almudena Sánchez
ALMUDENA SÁNCHEZ

El último borrador de la l ey canaria de transparencia reserva al Gobierno la capacidad de sancionar, bien con un cese o con una multa de hasta 300.000 euros, a un alto cargo que se resista a difundir la información pública requerida por la futura ley. El comisionado hará la propuesta pero quien decide es el Ejecutivo.

El alto cargo que incumpla las obligaciones de transparencia recogidas en el propuesta de ley podría pagarlo con su cargo. Ahora bien, será el gobierno el órgano encargado de tomar la decisión de cesarle, según figura en el borrador.

Esta especie de autosanción aparece muy extendida en la legislación vigente. Para empezar, en la norma estatal la competencia para la imposición de sanciones corresponde, bien al « consejo de ministros cuando el alto cargo tenga la condición de miembro del gobierno o secretario de Estado», bien al ministro de Hacienda y Administraciones Públicas cuando el responsable sea un alto cargo de la Administración General del Estado».

En el proyecto legislativo andaluz, la potestad sancionadora será ejercida por la consejería de la Junta de Andalucía competente en materia de la Presidencia o por la entidad local titular del servicio público».

Algunas organizaciones sociales especializadas en transparencia pública han venido denunciando la falta de independencia necesaria para hacer efectiva la difusión de información pública.

En concreto, cuestionan que el órgano del comisionado estatal de transparencia sea presidido por una persona elegida por el Ministerio de Administraciones Públicas.

En el caso canario, se plantea que sea el Diputado del Común, pero el Partido Popular (PP) lo rechaza y Coalición Canaria (CC) lo cuestiona.

En el borrador legislativo, el Diputado del Común se encargaría de controlar el cumplimiento de la ley, la evaluación del grado de aplicación, resolver las reclamaciones que se presentaran y formular recomendaciones.

Al detectar un incumplimiento por parte de un alto cargo, este órgano instaría a aplicar la sanción prevista en la ley, pero la decisión última la toma el Gobierno. Para el resto del personal -organismos y empleados públicos-, se prevé la autoridad que la normativa contemple en cada caso.