El derribo de la biblioteca, «un error judicial»
La estrategia del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria para evitar la demolición de la biblioteca del Estado pasa por convencer al Tribunal Supremo de que la sentencia que ordena su derribo se sustenta en un «error clamoroso», en palabras del alcalde Cardona. La biblioteca del Estado construida en Las Palmas de Gran Canaria «sencillamente, no se va a demoler». Esa es la convicción que maneja el alcalde de la ciudad, Juan José Cardona, y a esa conclusión quiere que llegue la Sala de lo Contencioso del Tribunal Supremo, pese a que ya ha emitido tres sentencias sobre el mismo caso, siempre con la misma conclusión. Cardona explicó ayer que no se trata «de que yo tenga la razón, es que hay mecanismos jurídicos por delante en los que nos vamos a apoyar para conseguir ese objetivo. Esa decisión de derribar el edificio nace de un error clamoroso, en el que incurre el Tribunal Supremo. Las sentencias hay que acatarlas, pero no son infalibles. Representan el último escalón del proceso judicial, pero en este caso, el Ayuntamiento tiene mecanismos para hacer valer sus derechos». Según el alcalde, «el pecado original con el que nace la biblioteca (una licencia condicionada a un plan especial que no se respetó, según la sentencia) quedó resuelto meses después, con el plan general del año 2000, que al incorporar directamente la ordenación de la parcela, hizo innecesario el plan especial. Y desde ese año, el defecto que observa el Tribunal Supremo esta solventado. El Supremo comete el error, dicho con todos los respetos, de considerar que la corrección se hizo en el Plan General de 2005, y es perfectamente demostrable que esto no fue así, que el cambio ya estaba incorporado en el Plan General de 2000». La Sala consideró en su día que los cambios incluidos en el Plan de 2005 pretendían «conferir cobertura a una actuación contraria a derecho» que había sido juzgada casi tres años antes. «Este es un asunto complejo, pero estamos convencidos de que este error que da lugar a una decisión del Supremo absolutamente desproporcionada, como es la orden de demolición, se va a aclarar. Por eso mantengo la firme convicción de que se podrá corregir bien por la vía de la nulidad de actuaciones, bien por la vía del Tribunal Constitucional», expuso ayer Cardona.
