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G.H.M./J.D.
Jueves, 1 de enero 1970
El alcalde de Las Palmas de Gran Canaria, Juan José Cardona, aseguraba en enero que las sentencias del Tribunal Supremo que devolvían la resolución del caso Canódromo al Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) le obligaría a conceder la licencia de obra a la empresa Realia si ésta la solicitaba. Sin embargo, los servicios jurídicos municipales decidieron reclamar el levantamiento de la suspensión cautelar que pesa sobre el permiso de obra sin esperar a que lo solicitara Realia. Desde el Ayuntamiento se explicó ayer que la petición de reactivación de la licencia se adoptó por la obligación legal que tiene la administración de defender su postura hasta las últimas consecuencias.
El Ayuntamiento entendió que la sentencia del Tribunal Supremo devolvía el valor jurídico al planeamiento de la zona. Eso significaba que la concesión de la licencia se tendría que materializar, al ser un acto reglado.
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