Las Palmas de Gran Canaria

Canódromo, la hora de la verdad

Salvo imprevistos de última hora, el alcalde de Las Palmas de Gran Canaria, Juan José Cardona, comparecerá el miércoles próximo en el juzgado de instrucción número tres de esta ciudad para responder sobre el expediente del Canódromo. Lo hará en condición de imputado, diez años, un mes y 27 días después de que firmara el convenio urbanístico más polémico en la historia de la ciudad, alrededor del que se acumula una intensa batalla vecinal con decenas de pronunciamientos judiciales.

Lo hace además en un procedimiento iniciado en 2004, cuando la presidenta de la asociación de vecinos Avecalta, Ángeles Sánchez, denunció la posible existencia de un delito de prevaricación después de que la junta de gobierno de la ciudad otorgara el 29 de abril de ese año las licencias de demolición y excavación solicitadas por Realia Bussines para levantar el complejo denominado Torres del Mar, dos edificios de 15 plantas en la esquina más vistosa del parque del Canódromo. El fundamento de la denuncia apuntaba que los permisos eran ilegales, porque desde el 3 de marzo anterior, el plan especial del Canódromo quedó suspendido al no haber respondido en tiempo y forma el ayuntamiento un recurso de reposición presentado por un particular.

La querella, que aún hoy está en fase de diligencias previas, se vio reforzada cuando en enero de 2008, la el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) anuló el plan especial del Canódromo y los planes generales de 2000 y 2005 que le dieron cabida, en una sentencia que sirvió de percha y refrendo a anteriores y posteriores resoluciones judiciales, como las que anularon las  licencias de obras y forzaron la paralización de los trabajos de la primera de las torres. El Tribunal Supremo enmendó la plana al TSJC en diciembre pasado, y le obligó a redactar de nuevo la sentencia, un trámite aún pendiente.

Operación.

La querella incorporó entonces nuevos datos, y llamó la atención de la Fiscalía y del juez sobre la operación financiera que abrigó el convenio del Canódromo. La empresa Urbacan, que se hizo con los derechos de la parcela después de firmar un primer acuerdo con el ayuntamiento en el año 2000, obtuvo 9 millones de euros de beneficio al vender a Realia dos de las fincas recibidas en la permuta, una de ellas la que da cabida a las llamadas Torres del Canódromo. El acuerdo entre Urbacan y Realia se concretó a las pocas semanas de formalizar las escrituras.

La Fiscalía cree necesario aclarar si la firma de los convenios en los años 2000 y 2002, en los que Cardona actuó como concejal de Urbanismo, incurrió en malversación. La acusación apunta a los estudios de Realia fechados el año 2000, que fijaron una previsión de inversión de 4.000 millones de pesetas (24 millones de euros) para «la compra de terrenos» en la zona del Canódromo. Es decir, que dos años antes del convenio definitivo, la constructora «estaba dispuesta pagar un precio muy superior» al que el Ayuntamiento pidió por esas parcelas (la finca del Canódromo se permutó con un valor de 8,4 millones de euros, tres veces menos de lo previsto por Realia). A esa conclusión también llegó la comisión municipal que investigó el caso en 2010, y que Cardona desprecia al considerar que fue un montaje político.

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