Canarias recurrirá el decreto de las reválidas de la LOMCE

Teresa Artiles
TERESA ARTILES

La Consejería de Educación estudia con los servicios jurídicos del Gobierno regional el recurso que previsiblemente se presentará en septiembre contra el decreto de las reválidas de final de la ESO y bachillerato que el Gobierno en funciones del PP aprobó el 29 de julio pasado. Si no se paralizan, unos 33.000 estudiantes canarios deberán realizarlas este curso.

La posición de Canarias sigue siendo la misma; al igual que la de sexto, estamos en contra y en este caso aún más, porque las reválidas de la ESO y el bachillerato están vinculadas a si los estudiantes obtienen o no su título», destaca Teresa Acosta, directora de la Agencia Canaria de Calidad Universitaria y Evaluación Educativa. A pesar de la oposición de doce comunidades autónomas y del pronunciamiento del Parlamento a favor de la paralización, el Gobierno en funciones aprobó «el último día lectivo», destaca Acosta, el decreto de las evaluaciones finales de la secundaria obligatoria y bachillerato, aunque aún «no se sabe nada» del marco concreto en el que se desarrollarán. Así, como no está definido por parte del Ministerio de Educación esa concreción de los criterios de evaluación «las comunidades autónomas no podemos trabajar, y eso es gravísimo, la incertidumbre es total», destaca la responsable de las evaluaciones en la Consejería de Educación. Solo en el curso que arranca en septiembre las reválidas no tendrán consecuencias académicas si se suspenden los estudiantes podrán obtener el título, pero en el caso de la de bachillerato, que sustituye a la selectividad, la nota sí servirá ya en 2017 para el acceso a la universidad. A partir del curso que acaba en 2018 serán determinantes para tener la titulación aunque el alumnado haya aprobado toda la ESO y el bachillerato. Por eso es uno de los aspectos más polémicos de la reforma educativa del PP. «Si un alumno aprueba sus cuatro cursos de la secundaria y luego suspende la reválida, ¿qué hacen luego si no tienen el título, la FP básica? Es un modelo que va en contra de lo que tiene que ser una educación de inclusión, de igualdad de oportunidades», afirma la directora de la agencia canaria de evaluación educativa, quien además de destacar la falta de consenso y acuerdo del Gobierno del PP con las comunidades autónomas, incide en el rechazo total de todos los sectores de la comunidad educativa, desde las familias al alumnado. En el caso del profesorado recuerda una encuesta reciente realizada a nivel estatal en el que más del 80% rechaza las evaluaciones externas de la Lomce. «Si las evaluaciones de tercero y sexto generaron incertidumbre, en la de ESO y bachillerato será peor, porque van a condicionar el futuro del alumnado. Lo razonable es parar y llegar a un consenso, un pacto educativo entre todos», concluye Acosta.