Avecalta pide que se anulen los convenios del canódromo

G.H.M./J.D.

Jueves, 1 de enero 1970 | Actualizado 17/07/2020 10:53h.

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La asociación de vecinos Ciudad Alta (Avecalta) presentó el pasado viernes en el Ayuntamiento una acción de nulidad contra los acuerdos y convenios que permitieron la operación del Canódromo. Los denunciantes de esta operación urbanística piden al Ayuntamiento que revoque los permisos que permitieron proyectar dos torres en Schamann. El primer argumento en que se basa la acción de nulidad que ha solicitado la asociación de vecinos Ciudad Alta (Avecalta) es el hecho de que defrauda el planeamiento urbanístico, al permitir la construcción de dos torres con 120 viviendas en una zona de edificabilidad agotada. La presidenta de la asociación, María de los Ángeles Sánchez, entiende que las determinaciones urbanísticas de la parcela «contravienen, infringen y defraudan objetivamente el planeamiento urbanístico -que establece la congelación del crecimiento de la edificabilidad residencial para las áreas de edificabilidad agotada».

Pero es que, además, el hecho de que el Ayuntamiento permutara parcelas por un valor superior a la del Canódromo, como acreditó la comisión de investigación de este caso, «es un claro incumplimiento de la obligación legal de administrar y gestionar el patrimonio municipal bajo el principio de eficiencia y economía». Eso sin tener en cuenta «su posible coincidencia con lo que el artículo 433 del Código Penal tipifica como malversación de caudales públicos», prosigue Sánchez.

Por si fuera poco, los vecinos entienden que la operación urbanística puede contravenir la Ley del Patrimonio de las Administraciones Públicas porque las dos fincas que se entregaron a las empresas particulares -una en Las Torres y otra en Almatriche- se enajenaron «sin haber sido sometidas a pública subasta». La ley establece que para desprenderse de patrimonio, las instituciones públicas deben seguir los principios de «publicidad, transparencia y concurrencia».

Por último, Avecalta denuncia que los convenios «carecen de informes jurídicos y técnicos y no han sido sometidos a información pública».