11.500 personas desisten de reclamar una vivienda pública
Las políticas que en los últimos años se han impulsado en Canarias en materia de vivienda no han funcionado. En eso coinciden los gobiernos de las cuatro grandes ciudades de las Islas, que ayer se reunieron en Telde para consensuar cambios. Basta un dato. 11.500 de sus ciudadanos se han dado de baja de la lista de espera de vivienda.
El responsable del área en el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, Javier Doreste, atribuyó la cifra a la «pérdida de esperanza» de la gente, que se cansa de pasarse años esperando por una vivienda pública que nunca llega y al final opta por no renovar su reclamación. La última criba data de 2012. La capital grancanaria pasó de 8.000 demandantes de vivienda a la mitad. Se dieron de baja 3.900. En Telde desistieron 1.430, en Santa Cruz de Tenerife 3.833 y en La Laguna la concejal del área, Flora Marrero, dijo que la cifra era de 2.345 demandantes. La suma asciende a 11.500 personas.
Lo cierto es que los consistorios de los 4 municipios se han propuesto invertir esta situación y consensuar un paquete de medidas que procuren una reorientación de las políticas públicas en materia de vivienda. Con esa idea ayer se reunió en Telde la mesa de trabajo que crearon al efecto y a la que acudieron los ediles encargados de esta competencia en Santa Cruz de Tenerife, Carmen Delia Alberto; La Laguna, Flora Marrero; la capital grancanaria, Javier Doreste, y la alcaldesa de Telde, que es también edil de Vivienda, Carmen Hernández, que ayer ejerció de anfitriona.
En ese paquete de ocho medidas figura la pretensión de estos cuatro ayuntamientos de hacer causa común para tener una interlocución directa con el Gobierno canario y el Cabildo para que tomen en cuenta sus aportaciones en este tipo de políticas.
En ese listado de propuestas, que ahora harán llegar también a sus respectivos alcaldes, figura consensuar estrategias de trabajo conjunto entre las cuatro y elaborar un diagnóstico; solicitar al Gobierno central y al canario nuevos planes de vivienda centrados en el alquiler y la rehabilitación y reposición de casas; fomentar el alquiler social; promover el arrendamiento privado con incentivos fiscales de competencia municipal; y reactivar el parque de viviendas vacías con los bancos y las inmobiliarias.
