Raquel Sánchez

Ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana

«No queremos intervenir el mercado, sino que las revisiones de alquileres sean razonables»

–¿Por qué han tardado cinco años en aprobarla, justo cuando está acabando la legislatura?

–Hemos hecho un trabajo muy complejo tras el cual hemos conseguido la cuadratura del círculo. Tras aprobar el anteproyecto en el Gobierno, llegó a tener más de 800 enmiendas en el Congreso. Esta es una de las leyes más importantes de la legislatura, el broche de oro. Queríamos reunir los máximos consensos y eso nos ha llevado mucho tiempo de negociación. Es una ley complicada jurídicamente que tenía que cumplir el respeto escrupuloso competencial y ofrecer al mismo tiempo garantías. Cuando son buenas leyes, bienvenidas sean, cuando sea.

–Pero coincide justo con la pre-campaña electoral y tras unas semanas muy tensas entre PSOEy Unidas Podemos por fricciones como las de la ley del 'solo sí es sí'. Da la sensación de que han aprovechado para dar un giro al relato ante el electorado.

–El de la ley de vivienda ha sido un compromiso desde el primer día de legislatura, aunque en estos años hemos trabajado en otros muchos programas, con un presupuesto que ha pasado de 450 a 3.500 millones de euros. Las necesidades de la ciudadanía no entienden de campañas electorales. La gente sigue viendo un problema en el acceso a la vivienda y no nos ha marcado la fecha la precampaña sino el dar respuesta a esta problemática. Cualquiera que tenga a su alrededor jóvenes y trabajadores, comprueba cómo la vivienda es un problema y queremos dar oportunidades y ofrecer soluciones. Era la asignatura pendiente de esta democracia.

–La posición de Unidas Podemos y la parte socialista del Gobierno ha distado en esta materia. ¿Han sido negociaciones tensas hasta lograr el consenso?

–Ha sido complejo, porque tenía que ser una ley que respetara las competencias autonómicas y que ofreciera seguridad jurídica porque, en caso contrario, corría el riesgo de ser recurrida. Ya sabemos que la derecha la va a recurrir. Pero es una norma impecable. Al mismo tiempo, ofrece soluciones para las personas que no pueden acceder a la vivienda y reconoce el derecho a la propiedad.

–¿Es consciente de que muchas de las viviendas de la Sareb están en mal estado, ocupadas o en ubicaciones recónditas?

–De las 100.000 viviendas prometidas, ya hay un 60% habilitadas, construidas o en proceso. Desde que asumimos el control mayoritario de la Sareb decidimos destinar todos los activos que puedan ser al alquiler social. Es verdad que la Sareb tiene la vivienda donde las tiene. Pero la mayor parte de esos activos están en Cataluña, Comunidad Valenciana o Andalucía, comunidades que sufren una gran tensión. Se trata de reactivarlas para que tengan un retorno a la ciudadanía. Porque tuvimos que rescatar a los bancos por una decisión del PP y ahora hacemos que todos los activos cuantificados de la Sareb puedan ser asequibles.

–Algunas de las medidas provocan temor entre los inversores.

–Lanzamos un mensaje de confianza: la propiedad privada también es un derecho, y hay que aplicar incentivos para obtener un beneficio fiscal en el IRPF superior al que obtendrían si incrementaran los alquileres de forma desproporcionada.

–La ley corre el riesgo de quedar en papel mojado si las comunidades no la aplican, como ya anunció Madrid.

–Esta ley no solo contempla la regulación de limitación de precios del alquiler, sino otras muchas cuestiones que hay que cumplir. Las leyes se cumplen y, si no, tendrán que rendir cuentas ante los tribunales. La ciudadanía deberá pedir cuentas a aquellos que les dan la espalda porque dicen que no van a aplicarla o recurrirla ya que es una ley que beneficia a la inmensa mayoría. Creo que merecen ese reproche social.

–¿Pero está segura de que no hará aguas en las comunidades? También el lehendakari ha criticado el proyecto por invadir competencias e incluso «vulnerar el autogobierno» vasco.

–Desde luego que no. Hemos conseguido este acuerdo con ERC y Bildu, que no creo que sean partidos sospechosos de no ser cuidadosos en el respeto competencial de las comunidades. Sabíamos que era un elemento fundamental. Desconozco qué va a hacer el PNV en la votación parlamentaria. Seguimos dialogando con los grupos para sumar respaldos porque la defensa de las competencias autonómicas no es un motivo justificado para rechazar esta ley.

–A pesar de los anuncios de los últimos días, la realidad es que muchas de esas medidas no entrarán en vigor a corto plazo...

–Hay medidas de corto, medio y largo plazo. No podemos cambiar la foto de la herencia del PP en materia de vivienda en dos o tres años. Necesitamos muchos años más de políticas progresistas para revertir la gestión nefasta del PP para que puedan dar resultados en su plenitud de recorrido.

–El índice de actualización de alquileres, que se pondrá en marcha en 2025 provocará una pérdida del poder adquisitivo del propietario frente al IPC. ¿Esto es coherente?

–Lo que queremos es que la evolución de los precios del alquiler obedezca al funcionamiento del mercado inmobiliario. Lo que no tiene sentido es que el IPC suba de forma desproporcionada por la guerra y la energía y que eso intente justificar incrementos desproporcionados en la vivienda. No puede pasar y eso excluye a mucha gente del mercado del alquiler. El mercado inmobiliario y su actualización se tienen que realizar, eso es una realidad. Pero deben ser revisiones más razonables. No pretendemos intervenir el mercado, sino que las actualizaciones de los alquileres sean razonables, no como pasaba hasta ahora.

–Los topes del alquiler son, al final, la medida estrella...

–No. Son una medida más que ponemos encima de la mesa para que los precios sean razonables, pero lo que funciona es garantizar un parque público de vivienda asequible y generar líneas de colaboración público-privadas para que se promueva la construcción de vivienda en alquiler asequible. Que el constructor vea que también le va a resultar rentable, más razonable, pero rentable al fin y al cabo.

–¿Y no teme que los propietarios acaben por dejar de alquiler sus viviendas ante todo el temor que se ha generado y eso conlleve un incremento aún mayor de los precios?

–Lo que se ha generado es mucho ruido con la ley. Yo tengo que lanzar un mensaje de tranquilidad al pequeño propietario. No es una ley pensada para limitar los precios de los alquileres, sino equilibrada para proteger al pequeño propietario e incentivarle a que destine su vivienda a alquiler asequible. En Portugal o Francia se están planteando medidas equiparables. Y con medidas no tan ambiciosas de parque público de alquiler.

–El alquiler turístico es parte de las causas del alza de precios en muchos municipios. ¿Por qué no lo han regulado?

–Porque esa es una materia competencia de las comunidades autónomas. Algunas ya han aprobado legislaciones en este sentido.

La ministra Raquel Sánchez insiste en distanciarse del «modelo del PP» en materia de vivienda que, a su juicio, sigue centrado en la desregulación que llevó a la burbuja inmobiliaria. Además, critica la puesta en escena al presentar su propuesta sobre el sector «en la terraza de un hotel de lujo».

–Feijóo ha criticado que no hayan hecho una sola mención al problema de ocupación ilegal.

–Demuestra, una vez más, desconocimiento. La ley establece que antes de proceder al desahucio de una familia vulnerable, tiene que haber un procedimiento previo de comprobación de esa vulnerabilidad. Tenemos que agotar todas las posibilidades para que en el caso de que sea una familia vulnerable se le dé una respuesta de las administraciones. Otra cosa son las ocupaciones por un delito. En un procedimiento penal, lo que estamos negociando es un sistema a través del cual esos lanzamientos puedan realizarse de forma mucho más rápida si lo autoriza el juez.

–También apunta que la ley restará interés de los inversores por venir a España.

–Hemos hablado con esos fondos y hay opiniones dispares. Una parte del sector es más crítica por desconocimiento o porque no les gusta este modelo. Pero es un modelo progresista y que no tiene nada que ver con el del PP. Ya vimos cuál fueron los efectos de su modelo neoliberal, con desahucios, sufrimiento, dolor e inflar la burbuja inmobiliaria y dejar campar la corrupción. El nuestro es el de estar al lado de la inmensa mayoría de la población. Parece que el PP se niega a reconocer que hay un problema de acceso a la vivienda. Y presenta su modelo de vivienda para los jóvenes en una terraza de un hotel de lujo. Que hable con cualquier joven que no puede pagar su alquiler...