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La Consejería de Turismo del Gobierno de Canarias y Airbnb, una de las plataformas líderes en el alquiler de corta duración han firmado un acuerdo para detectar y eliminar toda la oferta ilegal con la que cuente la plataforma en Canarias, una iniciativa que afectará principalmente a las tiendas de campaña, furgonetas camperizadas, yurtas y barcos.
Durante una experiencia piloto de esta colaboración, Airbnb ya ha retirado en tan solo tres semanas 157 anuncios de su página gracias al trabajo de inspección llevado a cabo por el departamento de Ordenación Turística de la Consejería.
El acuerdo entre las partes contempla que, con efecto inmediato, cualquier nuevo anuncio de alquiler de corta duración que se publicite en la plataforma deberá contar con un número de registro en el perfil de la propiedad. Sin ese código de identificación, que prueba que la vivienda cumple con la normativa, los alojamientos de corta duración no podrán anunciarse en Airbnb.
Para realizar estas labores de inspección, la Consejería de Turismo cuenta en estos momentos con tan solo 14 inspectores, una cifra que pretenden aumentar lo antes posible.
Cabe destacar la labor de las administraciones para poder acabar con esta oferta ilegal, ya que la ausencia de regulación con la que ha contado Airbnb desde su implementación en el mercado ha permitido que durante años hayan proliferado todo tipo de modalidades que no cumplen con unos requisitos mínimos de habitabilidad y que no son en ningún caso una oferta turística reglada.
Jessica de León expresó que la aprobación de la Ley de Propiedad Horizontal supone un, un «espaldarazo y un apoyo» a la ley de vivienda vacacional al entender que «debe existir un equilibrio en el urbanismo de Canarias y que la columna vertebral de «nuestra industria turística siempre fue la especialización de uso». De León comentó que el uso turístico y el uso residencial siempre tuvieron que convivir de forma separada porque las necesidades eran distintas, una convivencia que con el nacimiento del alquiler vacacional se está viendo afectada. «No es mala pero hay que equilibrarla. Este cambio va a permitir a los propietarios, decidir si quieren compartir sus comunidades de propietarios con una actividad turística y económica.
El director general de Airbnb en España, Jaime Rodríguez señaló que dentro de la plataforma se pueden encontrar muchos tipos de oferta diferentes y que no todas requieren licencia y los que sí la requieren, no son todas de la misma índole, variando entre hoteles, apartamentos turísticos, residencias compartidas con anfitriones, etcétera. A ello se le suma, que la normativa que permite estos alojamientos tampoco es la misma en todos los destinos.
La consejera de Turismo, Jessica de León, indicó que es «evidente» que el Ejecutivo regional necesita aumentar el personal para las labores de inspección, para la que ya se están realizando jornadas formativas en las que han participado técnicos de la administración y la policía canaria, que también tiene competencias en las zonas turísticas.
El director general de Airbnb en España, explicó que la colaboración entre administraciones y organizaciones es «imprescindible» para resolver agilizar la retirada de alojamientos turísticos que estén claramente en contra de las regulaciones locales y los términos de servicio de Airbnb, para así fomentar una oferta «sostenible, de calidad y responsable, que es lo que tanto residentes como visitantes desean».
Al mismo tiempo, Airbnb pondrá en marcha una campaña educacional dirigida a la comunidad de anfitriones en Canarias, incidiendo en las nuevas normativas europeas y los requisitos de registro y licencia, que serán obligatorios de acuerdo con el nuevo contexto legislativo europeo.
Con este acuerdo, Turismo avanza en su objetivo de dar un marco normativo al «caos» que opera en gran parte de la industria turística con la puesta en marcha de leyes a las que hay que hacer un «seguimiento y hacerlas cumplir», dijo la titular del área.
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