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El Estado busca un pacto para regular el turismo vacacional

El Estado busca un pacto para regular el turismo vacacional

El Gobierno de Canarias advierte que participará en las reuniones con el Estado pero que «no va a ceder sus competencias en materia turística». Dice que la obligación del Estado es reformar la ley de propiedad horizontal y lo relacionado con las plataformas que potencian esta modalidad

Jueves, 1 de enero 1970

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El Ministerio de Industria, Comercio y Turismo abordará la regulación del alquiler vacacional en septiembre, cuando eche a andar el grupo de trabajo acordado con las comunidades autónomas en la Conferencia Sectorial. A esta reunión, según informó ayer Europa Press, se dará voz a plataformas como Airnb o HomeAway, con el objetivo de establecer unas líneas maestras generales que arrojen luz a la maraña normativa actual sobre viviendas de uso turístico.

El Ejecutivo tratará de buscar solución a los problemas que está provocando esta modalidad turística con gran tirón gracias a las plataformas de internet y que está provocando distorsiones en el mercado, como el encarecimiento y escasez de viviendas de alquiler en algunas zonas. Ciudades como Madrid, Bilbao y San Sebastián, que han aprobado normas para regular los pisos turísticos, recibieron esta semana un varapalo de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), que ha anunciado que las recurrirá al ir contra la competencia.

Desde el Gobierno de Canarias se indicó ayer que el Ejecutivo regional acudirá a la reunión de septiembre pero no cederá en los planteamientos que se han realizado hasta la fecha y que están recogidos en un borrador de decreto, anunciado a finales de mayo, y que «de forma inminente» entrará en fase de información pública, lo que permitirá la presentación de alegaciones.

El Ejecutivo prevé realizarlo a finales de agosto o principios de septiembre. Como se recordará la norma canaria prohibe el alquiler vacacional en las zonas turísticas si bien abre la mano a que ayuntamientos y cabildos puedan fijar excepciones, de acuerdo con la situación de cada municipio o isla.

«Canarias no va a ceder sus competencias en materia turística. Cada comunidad tiene una realidad diferente y se debe tener en cuenta», indicaron ayer fuentes de la Consejería de Turismo del Gobierno de Canarias. El Ejecutivo considera que el papel del Estado en el alquiler vacacional pasa por reforma la ley de propiedad horizontal y todo lo que tenga que ver con la sociedad de la información, en relación con las plataformas. «Canarias va a defender lo suyo y sus peculiaridades», indicaron.

La titular de Turismo, Reyes Maroto, asegura que ya se está revisando toda la normativa existente sobre viviendas de uso turístico, tanto de los decretos autonómicos como de las leyes que habría que cambiar para «tratar de encajar la definición de vivienda turística», lo que conllevará además algunos cambios en la normativa estatal sobre arrendamiento. «Nos hemos dado un margen este año en el que yo creo que podemos tener realmente perfilados cuáles van a ser los cambios y llevarlos al Parlamento para que puedan ser aprobados», afirmó Maroto a Europa Press.

Maroto ve viable «un registro único» de pisos turísticos con los datos aportados por las comunidades para ofrecer una imagen real de su impacto en el turismo, algo que ya han pedido algunas plataformas.

«Queremos trabajar con las regiones para un registro único de forma que ellas, que son las competentes, nos transfieran datos para poder contar con información de este fenómeno y valorar su evolución. Al ser por código postal podemos tener muy identificadas su número», dijo la ministra.

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