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Europa Press / Santa Cruz de Tenerife
Jueves, 24 de mayo 2018, 10:58
El consejero de Turismo del Gobierno de Canarias, Isaac Castellano, afirmó ayer que la limitación del alquiler vacacional en las zonas turísticas, según recoge el nuevo borrador de decreto, tiene entre sus finalidades «proteger» el acceso a la vivienda de los trabajadores del sector turístico. En una comparecencia parlamentaria a instancias del PP y ASG, comentó que ese es un «problema común» en las grandes áreas turísticas del archipiélago, donde hay «mucha presión», si bien reconoció que el decreto no trata de resolver la escasa oferta de inmuebles o sus altos precios, cuestión que requiere de una «solución integral» entre ambas administraciones, incluido el Estado.
Castellano apuntó que el Gobierno trata de «ordenar» el alquiler vacacional para «garantizar la sostenibilidad» del sector turístico, descartando también que se aplique un criterio uniforme para todo el archipiélago y la «liberalización extrema» que defiende el PP. «No podemos ofrecer el mismo traje a todas las islas y todos los territorios», señaló, destacando la «flexibilidad» se introduce abriendo la regulación a la participación de los cabildos y ayuntamientos. El consejero comentó que el alquiler vacacional acumula un 10% de la ocupación turística, y aunque ha existido en las islas desde hace muchos años, el perfil ha cambiado debido al auge de las plataformas tecnológicas.
Dijo que se trata de evitar un «crecimiento desordenado» de la actividad turística, y por ello y entre otras cosas, los suelos previstos para desarrollo residencial no pueden ser usados a priori para el desarrollo de nuevos espacios turísticos.
Asimismo, recordó que las plataformas deben retirar la oferta que sea ilegal, que habrá un teléfono de atención 24 horas para los clientes y que los propietarios que tengan tres o más viviendas, tendrán la consideración de actividad profesional. Castellano señaló también que es un «error mayúsculo» analizar este fenómeno como un debate entre patronales y ha advertido de que no va a «agitar banderas insularistas» que «tanto daño» hacen a Canarias.
Estos argumentos no han convencido a la oposición. El PP, principal apoyo de CC en el Gobierno de Clavijo señaló que el alquiler vacacional es una «realidad imparable» y recordó además, que del decreto que lo regula desde 2015 ha generado «varapalos judiciales» al Gobierno al anularse varios preceptos al decreto de 2015, aún en vigor.
El diputado del Grupo Popular, Miguel Jorge, criticó que el Gobier’no «se haya plegado» a los intereses de algunas patronales turísticas -refiriéndose a la tinerfeña Ashotel- con un sometimiento «irracional» que va en contra del interés general y no da la «misma libertad» para todos, pues al dejar la iniciativa a cabildos y ayuntamientos habrá «disparates». Y definió al consejero como un «insumiso judicial» porque hay cuatro sentencias que anulan artículos del decreto anterior porque limitaba el desarrollo en zonas turísticas.
También el secretario regional del PSOE, Ángel Víctor Torres, arremetió ayer contra el decreto y criticó que el Gobierno se haya lavado las manos y deje la «papa caliente» del alquiler vacacional «a otros». Ángel Víctor Torres, en declaraciones los pasillos del Parlamento de Canarias, denunció que el Ejecutivo se enfrente a todos, al sector hotelero, ayuntamientos y cabildos, y pretenda que estas dos instituciones se peleen entre sí por el alquiler vacacional.
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