El Gobierno se da vía libre para cambiar cuerpos y escalas en la Administración

En el punto quinto que se refiere a la «racionalización de cuerpos y escalas de la Administración del Estado» se autoriza al Gobierno a «llevar a cabo, en el plazo de seis meses desde la entrada en vigor de esta ley, una sistematización de los cuerpos y escalas, atendiendo al principio de especialización, ordenándolos en subgrupos y pudiendo crear, modificar o suprimir los existentes».

Para el sindicato CSIF esto es una «patente de corso» para que el Ejecutivo pueda hacer las modificaciones que crea oportunas sin tener que aprobarlas por ley como tendría que hacer ahora. «Nos preocupa enormemente y nos parece muy peligroso porque puede eliminar escalas o cuerpos o crearlas saltándose la reserva de ley», señala Milagros Paz Dorronzoro, secretaria nacional de negociación del sindicato CSIF.

El Gobierno se había comprometido con Bruselas en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia a aprobar una reforma de la Función Pública para poder recibir los fondos estructurales. Así que apresuró el envío al Parlamento, dejando toda la concreción y detalle al desarrollo posterior del Reglamento.

Los objetivos son implantar un modelo de recursos humanos basado en competencias, asegurar la igualdad entre mujeres y hombres en la carrera profesional y desarrollar una dirección pública profesional que evite una excesiva rotación y asegure una gestión pública orientada a resultados.

Mientras, el proyecto de ley deja este pasillo temporal de seis meses al Gobierno para la reforma de los Cuerpos y Escalas de funcionarios. En la actualidad se dividen, según la titulación requerida, en grupos A (título universitario de grado) que se divide a su vez en subgrupo A1 y A2; grupo B (título de técnico superior) y grupo C con dos subgrupos, C1 (bachiller o técnico) y C2 (graduado en ESO).

Por ejemplo, los inspectores de Hacienda son grupo A1 y los Técnicos de Hacienda o subinspectores son grupo A2. Como ejemplo hipotético, la vía libre al Gobierno para agrupar o suprimir cuerpos sin necesidad de hacerlo a través de una ley podría convertirlos en un solo grupo o crear otros intermedios.

Precisamente, los inspectores de Hacienda han sido uno de los cuerpos administrativos que más ha protestado por los cambios acordados entre el Ejecutivo y los sindicatos en los exámenes para la promoción interna para facilitar la carrera profesional. El acuerdo supone reducir temarios, introducir exámenes tipo test y exámenes prácticos que reduzcan la carga memorística que tienen ahora las oposiciones, acortar plazos entre ejercicios y establecer un calendario.

Sin embargo, hasta ahora no se ha aplicado excepto en un proyecto piloto de la escala técnica de gestión de organismos autónomos, donde se ha suprimido el examen oral pero el de idioma se ha convertido en eliminatorio.