Funcionarios ante una sede administrativa. / R. C.

El Gobierno ofrece a los funcionarios una subida adicional del 1,5% este año y un 2,5% para 2023

Hacienda propone un acuerdo plurianual hasta 2024, cuando los salarios de este colectivo crecerían un 2%, y se abre a reducir la jornada laboral a 35 horas semanales

Lucía Palacios
LUCÍA PALACIOS Madrid

A diferencia de los pensionistas, los funcionarios tendrán una subida de sus salarios desligada de la inflación. El Gobierno está dispuesto a elevar las nóminas de los más de tres millones de empleados públicos tanto este año con efecto retroactivo desde enero –con una paga adicional que abonarían a final de 2022–, como los dos ejercicios siguientes, pero incluso la suma de esos tres incrementos, que ascendería al 8%, se queda muy por debajo del crecimiento que están experimentando este año los precios, que escalan ya hasta el 10,5%.

El Ministerio de Hacienda y Función Pública trasladó su propuesta formal de subida salarial a los sindicatos en la reunión que mantuvieron este miércoles y que inicia una negociación que estaba paralizada y que pretende que culmine en un acuerdo plurianual hasta 2024. En concreto, el departamento dirigido por María Jesús Montero cede y ofrece revisar la subida que aprobaron este año para los empleados públicos y elevarla del 2% actual al 3,5%, tal y como exigían los sindicatos, pero rebaja este alza al 2,5% en 2023 y al 2% en 2024. Pretende con ello cerrar un pacto para los dos próximos ejercicios que reparta en cierta manera la elevada inflación de este año, que aboca a los más de tres millones de empleados públicos a una nueva pérdida de poder de compra.

Los sindicatos, aunque valoraron «positivamente» que se haya abierto la mesa de negociación y que el Ejecutivo rectifique y actualice la subida para este año, rechazaron la propuesta y la calificaron de «insuficiente». Las tres principales organizaciones resaltaron que en ningún caso corrige el deterioro de capacidad de compra que han experimentado este año e instaron a Hacienda a incrementar su propuesta salarial de cara a una nueva reunión que mantendrán hoy mismo.

Tanto UGT como CC OO como CSIF alabaron el hecho «absolutamente inédito» de que el Gobierno contemple una revisión con carácter retroactivo para este año, pero mostraron su oposición a una subida para el año que viene del 2,5% que consideran «claramente insuficiente», puesto que las previsiones que se manejan sitúan el IPC en el 6%.

«Estaríamos más satisfechos si al menos 2023 tuviera el mismo tratamiento que el 22 (es decir, un alza del 3,5%)», apuntó Julio Lacuerda, secretario general de UGT Servicios Públicos, sindicato que confía en que el Ejecutivo aumente este jueves ese alza del 8% y pide además incluir cláusulas de revisión que permitan frenar la pérdida de poder adquisitivo de los empleados públicos. En esta misma línea, Humberto Muñoz, coordinador del Área Pública de CC OO, abogó por incrementar el alza plurianual hasta el 10% o el 9,5%.

Además de una subida mayor, desde CSIF exigirán cerrar otros temas salariales para alcanzar un acuerdo, como la equiparación para reducir las desigualdades retributivas entre CC AA de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y funcionarios de instituciones penitenciarias, y actualizar la indemnización por razón de servicio y la indemnización por residencia.

Sin embargo, el Gobierno pretende marcar con esta propuesta una senda de los salarios protagonizada por la contención, al apostar por elevar las remuneraciones de algo más de tres millones de trabajadores muy por debajo de lo que están creciendo los precios, en un momento en el que la negociación de la gran mayoría de convenios para este año está atascada y a la espera de un acuerdo entre sindicatos y patronal que no llega.

Más teletrabajo

El departamento dirigido por María Jesús Montero se mostró, eso sí, abierto a compensar con otras medidas la pérdida de poder adquisitivo que han experimentado este año los funcionarios y la que previsiblemente sufrirán en 2023, que se suma a ese deterioro en su capacidad de compra de la última década que el sindicato CSIF sitúa en el 20%. En este sentido, el Ejecutivo se plantea aceptar una vieja reivindicación de los sindicatos: la de reducir la jornada de los empleados públicos de la Administración General del Estado a 35 horas semanales, frente a las actuales 37,5 horas, lo que podría servir de ejemplo y extenderse también a las administraciones regionales y locales.

A su vez, manifestó su disposición a llevar a cabo mejoras en la promoción interna, tanto en lo referente a la movilidad como al acceso, y también cambios en el personal laboral de exterior, aunque sin concretar. De igual manera, se comprometieron a seguir avanzando en el desarrollo de la ley de función pública, en la captación del talento y el teletrabajo, que podría permitirse el 90% de la jornada en zonas en riesgo de despoblación, según avanzó este miércoles la ministra.