CCOO y UGT se encierran en la sede principal de Correos en Las Palmas de Gran Canaria

CCOO y UGT denuncian la política de abandono del servicio público postal y de Correos, que ha provocado el desplome de la carga de trabajo y a una situación insostenible económicamente (hundimiento) con unas pérdidas de «casi 600 millones de euros desde 2019 si se suman los 100 millones en negativo del ejercicio 2021, y un déficit estructural que lo sitúa al borde de la quiebra técnica«.

Esta política de desguace «intencionado »de la mayor empresa pública del país ha tenido como consecuencia directa la implantación de un modelo de «empleo basura, con altas tasas de precariedad laboral en la plantilla de la mayor empresa pública del país, con más de 10.000 puestos a tiempo parcial, lo que supone más del 20% del total de la plantilla», destacan. En la provincia de Las Palmas la tasa de empleo a tiempo parcial es del 22%, muy similar a las del resto del estado.

El deterioro del servicio postal público es cada vez más evidente en la provincia de Las Palmas a consecuencia de la política de desmantelamiento del servicio público postal y de Correos, el hundimiento de su actividad, y la precarización del empleo y de las condiciones de trabajo.

El presidente de Correos, Juan Manuel Serrano, y del Gobierno de España han demostrado «muy poco interés por el diálogo social, el consenso y la participación» de los representantes de los trabajadores y trabajadoras de Correos, desoyendo a la mayoría sindical que representa al 76% de la plantilla y que exige una negociación «real y efectiva» sobre el modelo postal público, su financiación y viabilidad, provocando la ruptura unilateral del diálogo social y la imposición de medidas laborales que han aumentado la conflictividad y la judicialización de las relaciones laborales en Correos.

En esta línea, CCOO y UGT continuarán con las movilizaciones hacia la huelga general convocada para los días 1, 2 y 3 de junio bajo el lema «salvemos Correos». Ambas organizaciones exigen al Gobierno de España un replanteamiento sobre el futuro del operador postal, desde un modelo de servicio público de calidad para la ciudadanía del país, contrario a la hoja de ruta de desmantelamiento del operador público seguida desde hace 3 años por Serrano.