Solo el 10% de las empresas sobrevive al proceso concursal

02/12/2019

Los administradores concursales (Aspac) confían en que la directiva europea que obliga a crear un sistema de detección temprana de empresas insolventes abra la puerta a la mejora de la regulación del acceso a la profesión. La lista de administradores «triplica los procedimientos que se decretan en un año».

José Miguel Pérez / Las Palmas de Gran Canaria

Muy pocas empresas sobreviven a un concurso de acreedores en España. Prácticamente el 90% de las que se acogieron al procedimiento no lograron cerrar un convenio y acabaron en liquidación en 2018, según el Registro de Auditores Judiciales y Forenses (RAJ) del Instituto de Censores Jurados de Cuentas de España. Esta altísima tasa de mortandad se debe, indican los expertos, a que el empresario tarda demasiado en recurrir a la apertura del proceso, en la mayoría de las ocasiones cuando ya es demasiado tarde para salvar el negocio.

Precisamente la directiva europea sobre marcos de reestructuración preventiva, aprobada en junio de este año, requiere que los Estados regulen «herramientas de alerta temprana claras y transparentes» que permitan al deudor «detectar circunstancias que puedan provocar una insolvencia inminente y que puedan advertirle de la necesidad de actuar sin demora».

El texto, que tendrá que ser traspuesto antes de dos años, intenta adelantar el momento de la intervención porque, cuanto antes se adopten medidas, más opciones hay de salvar a la empresa viable. Si, por el contrario, esta ha quedado definitivamente deteriorada, el proceso de liquidación será más ordenado y eficiente, permitiendo el cobro de un mayor número de acreedores y facilitando la completa liberación del deudor.

La directiva sugiere tres mecanismos: una es el del desarrollo de mecanismos de alerta que podrían activarse cuándo el deudor no ha efectuado determinados tipos de pago, «por ejemplo, debido a un impago de impuestos o de las cotizaciones de la seguridad social. También prevé servicios de asesoramiento prestados por organismos públicos o privados; e incentivos, con arreglo a la normativa nacional, para que los terceros que dispongan de información pertinente sobre el deudor, como contables, administraciones tributarias y de seguridad social, adviertan al deudor sobre cualquier evolución negativa.

Aticus Ocaña, vicepresidente de la Asociación Profesional de Administradores Concursales (Aspac), celebra «toda iniciativa que venga para mejorar los mecanismos de alerta temprana para convertirlos en instrumentos eficaces y reducir la tasa de mortandad».

Ocaña espera además que la directiva contribuya a superar uno de los «grandes obstáculos» para bajar la tasa de liquidaciones: «En España se ha dejado de lado figura del administrador concursal, que nunca se ha llegado regular. Es esencial porque puedes tener una normativa de insolvencia muy moderna y eficaz, pero el acceso a la profesión es vital para reducir las liquidaciones», argumenta. El nombramiento del administrador concursal sigue siendo por tanto uno de los caballos de batalla de la asociación. Antes de los cambios legislativos de los últimos años, el juez nombraba a estos profesionales entre expertos de cierto reconocimiento, pero ha pasado a depender de un orden secuencial de un listado, sin atender a criterios de experiencia». «Hay inscritas el triple de personas que procedimientos se decretan en una año, por lo que, como media, un administrador se encarga de un concurso cada tres años, lo que va en contra de la especialización».

«El problema de origen es que las listas las elaboran los colegios profesionales. Solo necesitas la titulación, cinco años de colegiación y un curso que vende el propio colegio profesional con un contenido lectivo insuficiente», insiste Ocaña.

«La directiva europea impone que en las situaciones de preconcurso sea un administrador concursal el que vise la suspensión de las ejecuciones de las deudas durante el plazo previsto de cuatro meses, una medida con la que se garantizan los derechos de los acreedores minoritarios. Aunque no está claro si este papel lo puede asumir un auditor, creemos que este cambio es una oportunidad para que se defina con claridad quien es el administrador concursal y regular el acceso a la profesión», afirma.

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