El recorte de subvenciones castiga a centenares de jóvenes agricultores y ganaderos en Canarias

Las movilizaciones del campo canario del pasado mes de febrero no están obteniendo los resultados deseados. Tras el anuncio por parte de las principales organizaciones que representan al sector, avisando sobre la posibilidad de convocar nuevas movilizaciones a causa de «la inacción política», ahora se suma el descontento del colectivo de jóvenes agricultores de las islas, los cuales también denuncian un «maltrato» tanto por parte de los políticos como de los «funcionarios privilegiados» de la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Soberanía Alimentaria del Gobierno de Canarias.

Desde la Asociación señalan que el pasado 22 de abril, se anunció la convocatoria de la Subvención de Modernización del Gobierno de Canarias, que no incluía las «esperadas modificaciones» que beneficiarían a los jóvenes agricultores del archipiélago, contradiciendo las promesas realizadas con anterioridad por parte de la Consejería.

Esta decisión está afectando a cerca de 800 jóvenes agricultores, que han visto reducidas las ayudas económicas para sacar adelante su explotación agrícola en los primeros cinco años de actividad.

A lo largo de los años, estos jóvenes agricultores, adscritos al Programa de Desarrollo Rural (PDR), han sido alentados a modernizar y expandir sus cultivos, recibiendo una puntuación máxima durante los primeros cinco años de establecimiento subvenciones de apoyo a las inversiones agrícolas, a transformación y comercialización, aparte de ciertas bonificaciones fiscales.

El problema se origina con la llegada del nuevo Plan Estratégico para la Política Agraria Común (PEPAC), cuya normativa que rige la concesión de ayudas y subvenciones a los agricultores y ganaderos no se vinculó con el PDR, por ende, no se asignaron los 18 puntos a los jóvenes que se incorporaron en 2023, 2022 y 2021, dejando aproximadamente 800 afectados, según los datos del colectivo.

Con la llegada de la PEPAC, las ayudas por Unidad de Trabajo Agrícola (UTA) se reducen en un 20%, la cuantía máxima recibida por explotación pasa de 300.000 a 250.000 euros y una reducción del 5% en el listado de Bienes Económicos de Coste Unitario (BECU) para jóvenes y explotaciones ecológicas. Bajo este parámetro, el Gobierno de Canarias estima lo que cuesta un bien,  (a menudo infravalorándolo), según el colectivo y en función de ello, cubre su precio hasta un 70%.

Para la asociación, este derecho, clave en los ciclos anteriores del Programa de Desarrollo Rural (PDR), es «crucial para la renovación generacional en el campo» que tanto buscan las autoridades para garantizar el futuro del sector.

Sin embargo, a pesar de las afirmaciones de continuidad y apoyo por parte de la Consejería, la reciente convocatoria «carece de las bases actualizadas prometidas que garantizarían la continuidad de este beneficio, lo cual no solo es un golpe a la confianza de los agricultores jóvenes, sino también un retroceso en la política de modernización agrícola», citan los jóvenes agricultores.

Los perjudicados recalcan que «a pesar de las múltiples solicitudes y la clara necesidad de un trato preferencial» para los nuevos agricultores, tal y como se estipulaba en los PDR de 2014-2020 y 2007-2013—, la falta de acción sugiere una «desconexión entre las promesas administrativas y la realidad enfrentada por quienes cultivan nuestra tierra».

En este contexto, las cartas previas a la manifestación de agricultores en febrero tras la publicación de las bases de las subvenciones de la PEPAC de Canarias 2023-2027, enviadas por Narvay Quintero, prometían esfuerzos para restaurar la puntuación prioritario que «ahora parece ignorarse mientras los agricultores continúan laborando en condiciones desafiantes», apunta el colectivo.

Las protestas de febrero fueron un claro indicativo del descontento creciente entre los agricultores, cuyas demandas «parecen haber sido minimizadas por tácticas dilatorias de la consejería. A pesar de la evidencia proporcionada y las cartas de compromiso enviadas por Narvay Quintero, las acciones concretas han sido escasas». La falta de una declaración oficial en el Boletín Oficial de Canarias (BOC) y la ausencia de una modificación formal de las bases de la subvención «son reflejo de esta inacción. Dejando claro que sus promesas fueron un acto de propaganda para acallar las manifestaciones de los agricultores».

Desde el colectivo, señalan que la consejería ha promovido la idea de que estas subvenciones ayudarían a renovar el campo canario. Sin embargo, al no reflejar estos cambios en el BOC ni ajustar las bases de la subvención, «lo que se promueve parece ser más una estrategia de propaganda que un plan de acción real y efectivo. Al mantener las obligaciones de mantener la actividad por cinco años sin los correspondientes derechos prometidos, se está efectuando un recorte de derechos que contradice el propio contrato social con nuestros agricultores. El contrato social establece que no hay derecho sin deber, pero ha sido un acto flagrante de recorte de derechos».

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