El PP busca apoyos para tumbar el 'decreto Marlaska' sobre el registro de viajeros
El grupo registra una Proposición no de Ley en el Congreso para exigir la simplificación y reforma urgente del real decreto que regula las obligaciones de registro documental de los alojamientos
A pesar de que el sector turístico al completo se levantara en armas contra el controvertido 'decreto Marlaska' que obliga a aportar más datos en ... el registro documental de los viajeros en los alojamientos, hace seis meses entró en vigor el real decreto 933 de 2021 y ha supuesto una «enorme avalancha de trabajo» para los operadores turísticos. Para intentar acabar con el denominado 'Gran Hermano' turístico, el Grupo Parlamentario Popular ha registrado una Proposición no de Ley (PNL) en el Congreso para exigir su simplificación y reforma urgente.
La iniciativa, que será debatida en la Comisión de Industria y Turismo, reclama una regulación «más equilibrada y eficiente» que no suponga una carga desproporcionada para los profesionales del sector turístico y del alquiler. Esta norma, impulsada por Fernando Grande-Marlaska a través del Ministerio del Interior, ha sido objeto de fuertes críticas por parte de asociaciones de hostelería y plataformas de alquiler, que la consideran un mecanismo de vigilancia excesiva e ineficaz.
Desde el PP denuncian que el decreto, que exige el envío sistemático de datos personales de clientes a las autoridades, ha generado incertidumbre jurídica y burocracia innecesaria, afectando especialmente a autónomos, pymes y operadores turísticos de pequeña escala. La propuesta busca abrir la puerta a una revisión legal «más respetuosa» con los derechos de privacidad y «adaptada a las realidades digitales y operativas» del sector.
Desde el ministerio, apelan a la ley orgánica de Protección de la Seguridad Ciudadana (ley mordaza) de 2015 para poner en marcha este controvertido registro. «Dicha norma establece en su artículo 25.1 que cualquier persona física o jurídica que ejerza actividades relevantes para la seguridad ciudadana, como las de hospedaje y alquiler de vehículos, se encuentra sujeta a las obligaciones de registro documental e información en los términos que las disposiciones aplicables establezcan», reza la exposición de motivos del real decreto.
Uno de los puntos más polémicos es que recurre a las sanciones de la ley mordaza para multar a los hospederos y empresas de alquiler si no rellenan de manera exhaustiva ese registro. Serán faltas con sanciones graves, con multa de 601 a 30.000 euros, la «carencia de los registros documentales previstos en este real decreto» o la «omisión de las comunicaciones obligatorias». Serán faltas leves (multas de 100 a 600 euros) las «irregularidades o deficiencias en la cumplimentación de los registros» o «las comunicaciones obligatorias fuera del plazo».
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