Así es el polémico 'decreto Marlaska' de recopilación masiva de datos sobre viajeros

El Ministerio del Interior afirma que esta vez es la buena. Que no habrá ni una prórroga más, por mucho que se hayan levantado en armas los operadores turísticos y de alquiler de vehículos nacionales, que se dicen incapaces de gestionar tal avalancha de trabajo, o de las críticas de la prensa internacional -particularmente británica y holandesa- que ya habla de que sus turistas van a vivir en un «gran hermano» durante sus vacaciones en España.

El próximo 2 de diciembre, el departamento que dirige Fernando Grande-Marlaska tiene previsto la entrada en vigor del controvertidísimo Real Decreto 933 de 2021 que fija las «obligaciones de registro documental e información de las personas físicas o jurídicas que ejercen actividades de hospedaje y alquiler de vehículos a motor». El próximo viernes, en una nueva reunión entre Interior y los operadores estos últimos intentarán arrancar a la desesperada un nuevo aplazamiento, al que Marlaska, ahora sí, se niega en redondo.

Esa normativa, que se publicó en el BOE el 27 de octubre de 2021, debía haber entrado en vigor seis meses después (abril de 2022), pero la dificultad para que los operadores adaptaran sus sistemas ha hecho que el comienzo de su andadura se haya retrasado mucho más allá de los dos años.

Pero esas prorrogas -dicen en los hoteles, agencias, plataformas turísticas y particulares,- no han sido suficientes porque es «tremendamente complicado» recopilar los hasta 43 datos que el real decreto exige para cada uno de los huéspedes, tanto de alojamientos «profesionales» como «no profesionales». Más difícil y laborioso todavía es cumplimentar las 64 referencias que se piden para el alquiler de un vehículo. Ello, al margen de que organizaciones sociales y civiles, denuncian que la información requerida supera con creces cualquier «petición razonable» y viola el derecho a la intimidad de los viajeros o personas que rentan un coche. En el caso de los huéspedes hasta ahora solo se requería rellenar 14 parámetros.

Los anexos de ese real decreto son los que fijan la larguísima lista de datos. En el caso de los viajeros, entre otros, los hospedajes deben cumplimentar -más allá de los datos esperables del establecimiento y de identificación del huésped- otros más delicados como correos electrónicos, horas exactas de entrada y salida, número de habitaciones, identificación del medio de pago, caducidad de la tarjetas, números de cuenta, la fecha del pago de la reserva, si la habitación tenía o no internet o la relación entre los viajeros, en el caso de que uno de ellos fuera un menor.

Para los alquileres de vehículos la enorme lista de información a facilitar, incluye parámetros adicionales de los que se exigen a los viajeros, tales como especificar si el coche llevaba un sistema GPS que permita rastrear sus movimientos o los kilómetros realizados.

El real decreto de Marlaska apela a la ley orgánica de Protección de la Seguridad Ciudadana (ley mordaza) de 2015 -que el propio ministro y Pedro Sánchez han prometido hasta la saciedad «derogar»- para poner en marcha este controvertido registro. «Dicha norma establece en su artículo 25.1 que cualquier persona física o jurídica que ejerza actividades relevantes para la seguridad ciudadana, como las de hospedaje y alquiler de vehículos, se encuentra sujeta a las obligaciones de registro documental e información en los términos que las disposiciones aplicables establezcan», reza la exposición de motivos del real decreto.

El polémico decreto también justifica la puesta en marcha de ese registro para poder conocer el «modus operandi» de la «logística» de los actores de los «mayores ataques a la seguridad ciudadana», que «vienen protagonizados tanto por la actividad terrorista como por el crimen organizado».

Este martes, en la rueda de prensa del Consejo de Ministros, Fernando Grande-Marlaska insistió en que este registro debe empezar ya a andar «por la necesidad de garantizar la seguridad de los ciudadanos ante las amenazas terroristas y otros delitos cometidos por organizaciones criminales».

El real decreto recurre a las sanciones de la ley mordaza para multar a los hospederos y empresas de alquiler si no rellenan de manera exhaustiva ese registro. Serán faltas con sanciones graves, con multa de 601 a 30.000 euros, la «carencia de los registros documentales previstos en este real decreto» o la «omisión de las comunicaciones obligatorias». Serán faltas leves (multas de 100 a 600 euros) las «irregularidades o deficiencias en la cumplimentación de los registros» o «las comunicaciones obligatorias fuera del plazo».

Grande-Marlaska aseguró este martes en su intervención en Moncloa que el decreto «garantiza el derecho a la intimidad, la privacidad y la seguridad de los ciudadanos» y que el reglamento en su día superó todos los informes pertinentes, sin que se realizara «ninguna observación» y sin que haya sido «objeto de impugnación». Es más, el ministro defendió que desde su departamento se ha hecho «una labor de coordinación con los ministerios competentes y también con las empresas y todos los obligados al cumplimiento para que su actuación y cumplimentación sea efectiva y garantice la privacidad y la seguridad».

Sin embargo, todo el sector turístico español e internacional al completo se ha manifestado abiertamente en contra, desde el Consejo de Turismo de la CEOE, hasta la Mesa del Turismo u organizaciones europeas como ECTTA. Las críticas, además de por la desproporcionada cantidad de datos o la invasión de la intimidad de los clientes, apuntan al aumento de la carga de trabajo para empresas que muchas veces son pymes, la falta de adecuación tecnológica en las empresas, la imposibilidad de recopilar algunas de las informaciones requeridas o lo fallos continuos en la «obsoleta» plataforma con la que se comunican con el Ministerio del Interior.

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