Protesta hoy a las puertas del ministerio de Seguridad Social. / R. C.

Los sindicatos rechazan la reforma de las pensiones que plantea Escrivá

Pepe Álvarez ve «lamentable» las penalizaciones a la prejubilación y advierte de que harán «todo lo posible» para que no cuente con la mayoría del Congreso

Lucía Palacios
LUCÍA PALACIOS Madrid

La ansiada reforma de las pensiones vuelve a atascarse y puede retrasar aún más una puesta en marcha que ya va tarde, a la vista del abultado déficit que arrastra la Seguridad Social. Al ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, le llueven las críticas por la propuesta que presentó el pasado lunes en el Congreso. Ya no es solo que la mayor parte de partidos políticos haya mostrado su rechazo por las medidas que pretende aprobar próximamente, sino que se enfrenta también a la oposición rotunda de los sindicatos.

«Con nosotros no va a contar para llevar adelante una reforma de estas características», aseguró hoy visiblemente enfadado el secretario general de UGT, Pepe Álvarez, que además advirtió de que harán «todo lo posible para que tampoco pueda contar con la mayoría del Congreso de los Diputados». Ayer había sido su homologo de CC OO, Unai Sordo, quien negó que el acuerdo esté cerca –como afirmó Escrivá en las cortes- y, de hecho, precisó que hace «bastantes semanas» que no se reúnen para tratar esta materia. Por ello hoy mismo Escrivá les convocó para el próximo lunes.

Lo que más indignación ha provocado, tanto entre las fuerzas parlamentarias como entre los sindicatos, es el diseño de un nuevo esquemas de incentivos y penalizaciones para retrasar la edad efectiva de jubilación y acercarla un poco más a la edad legal. Y ya no es solo el fuerte endurecimiento de los coeficientes reductores para las prejubilaciones más tempranas o para las más próximas a la edad legal, así como con carácter general a las rentas altas y, por tanto, a quienes más han cotizado, sino que también es objeto de controversia el pago de hasta 12.000 euros por cada año que un trabajador posponga su retiro más allá de lo establecido en la ley.

En este sentido, Álvarez señaló que «no es razonable que si queremos alargar la edad de jubilación lo planteemos en términos de incentivos económicos cuando sabemos que hay gente que nunca va a poder tener estos incentivos porque cuando llegan a la edad legal de jubilación no pueden seguir trabajando por razones físicas en muchos casos». Esta medida tampoco convence a Unidas Podemos, que apuesta por incentivar con esa cantidad la contratación de personal joven para que releven a los empleados que llegan a la edad de jubilarse (los denominados 'contratos relevo').

Pero, lógicamente, el epicentro de las críticas se las lleva el nuevo diseño de las penalizaciones a la jubilación anticipada, que lo rechazan desde todos los frentes: sindicatos, sus socios de gobierno, los partidos de la oposición… Así, el líder de UGT calificó de «lamentable» que el ministro «continúe con la misma historia» sabiendo cuál es la opinión de los sindicatos sobre castigar a aquellas personas que se jubilan a partir de los 61 años. «El Gobierno tendría que empezar dando la posibilidad de que las personas que están en el paro y tienen más de 60 años tengan la posibilidad de tener un trabajo», defendió Álvarez, que precisó que el 85% de los que se jubilaron anticipadamente en 2019 lo hicieron porque no tenían empleo.

Carta al ministro

«Me parece fuera de lugar que se plantee que las personas que ya sabemos que no se van a poder jubilar en la fecha porque no tienen empleo además se les pretenda castigar», insistió, resaltando que se trata fundamentalmente de mujeres y de salarios bajos.

Precisamente hoy la asociación Asjubi40 (Jubilación anticipada sin penalizar), apoyada por UGT, entregaron una carta dirigida al ministro Escrivá instándole a despenalizar a los pensionistas con más de 40 años de cotización, un colectivo, en su mayor parte procedentes de ERE, que tiene recortes de hasta el 40% y que sigue esperando una solución por parte del Gobierno.