El Gobierno prevé aprobar un paquete fiscal con el incentivo a las energéticas y el ajuste del IRPF al SMI

Ambas medidas estaban incluidas en el proyecto de ley de Presupuestos del Estado para 2024, que el Gobierno renunció a presentar tras la convocatoria anticipada de elecciones en Cataluña y la dificultad para lograr suficiente respaldo en el Parlamento. No obstante, Montero aseguró que creen contar con apoyo suficiente para estas dos medidas, «que no corren prisa porque no se liquidan hasta el año que viene». Aunque no lo especificó, esto hace pensar que el Ejecutivo va a esperar a que pasen las elecciones en Cataluña, en el País Vasco y las europeas para recabar los votos necesarios, alejados ya de la rivalidad en los comicios.

Otra cuestión que «puede ir o no en la misma norma» es el acuerdo de Gobierno entre PSOE y Sumar para hacer definitivos los gravámenes a entidades financieras y empresas energéticas. Montero fue clara sobre la posición del Gobierno frente al Banco de España -que ha recomendado que el impuesto a la banca incluya incentivos por aumentar la solvencia-. La ministra de Hacienda afirmó que el impuesto permanente a la banca se tiene que diseñar «para que las entidades financieras contribuyan a la financiación de los servicios públicos, no a que puedan pasar mejor los test de estrés».

Los ingresos tributarios marcaron récord en 2023 al crecer un 6,4% hasta los 271.935 millones de euros. La recaudación por IRPFaumentó un 9,9% (alrededor de un tercio de este incremento se debe a la inflación) y la de Impuesto de Sociedades subió un 9%. Los ingresos por IVA crecieron solo el 1,6% debido a la bajada de IVA en los alimentos, la luz y el gas. Pese a la mayor recaudación, la presión fiscal se redujo una décimas y se situó en el 38%.

El déficit público del conjunto de las administraciones públicas en 2023 fue de 53.556 millones de euros, el 3,66% del PIB (Producto Interior Bruto), lo que supone una reducción respecto a 2022 de más de un punto porcentual del PIB y más de 10.000 millones de euros, según expuso la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda.

Esta reducción se debe fundamentalmente a la Administración Central, que ha reducido su déficit en 10.348 millones de euros, hasta los 30.828 millones de euros, bajó del 3,1% del PIB en 2022 al 2,1%, lo que compensó la desviación de las comunidades autónomas, que en conjunto no cumplieron el compromiso con la Comisión Europea respecto al incremento del gasto.

Según explicó la ministra, las comunidades autónomas han superado en tres décimas la tasa de referencia para sus presupuestos, que se había fijado en el 0,6%. No obstante, el comportamiento varía según cada comunidad. Andalucía y Madrid son las autonomías que más aumentaron su déficit en 2023; también lo incrementaron, aunque ligeramente, País Vasco y Aragón. Por el contrario, Baleares, Navarra, Cantabria, Canarias y Asturias registraron superávit. El déficit del conjunto de las comunidades autónomas bajó del 1,12% del PIB en 2022 al 0,9% del PIB tras obtener recursos récord en 2023 a través del sistema de financiación. Los ayuntamientos registraron el déficit previsto del 0,1% del PIB y la Seguridad Social elevó su déficit en 2.315 millones de euros, hasta los 8.211 millones, el 0,56% del PIB.

La ministra de Hacienda anunció también que la ley para la condonación de deuda autonómica irá al Congreso «cuando la tengamos consensuada» y apuntó que aunque se aplicará la misma metodología a todas las comunidades autónomas respecto a la fórmula y la periodificación, las autonomías «podrán elegir».

En cuanto a la reclamación de la Generalitat de Cataluña de recaudar todos los impuestos que se devengan en esta comunidad en un sistema similar al cupo vasco, Montero puntualizó que «cada uno puede poner sobre la mesa» el modelo de financiación que quiere, pero que «el Gobierno de España no dará el visto bueno si no garantiza que haya suficientes recursos» en todas las comunidades de régimen común para prestar los servicios púbicos con igual calidad.

La titular de Hacienda subrayó que el déficit del conjunto de las Administraciones Públicas ha sido inferior al comprometido con Bruselas (la previsión del Gobierno era el 3,9% del PIB) y ha quedado «por cuarto año consecutivo» por debajo de las previsiones de los principales organismos.

Montero utilizó la reducción del déficit para destacar que eso demuestra la «estabilidad» y la «seriedad y fiabilidad» del Gobierno en sus previsiones económicas «frente al ataque y ruido estéril de la derecha». La ministra reiteró varias veces este mensaje de que el Gobierno de Pedro Sánchez cumple con las previsiones y aseguró que «la legislatura va a ser larga». Lo hace en un momento en que el Gobierno ha renunciado a presentar Presupuestos Generales del Estado para 2024.

«Hemos cumplido cada año con los objetivos comprometidos con la Comisión Europea, mejorando las estimaciones de los principales organismos», afirmó Montero. «En 2023 volvemos a cumplir con las previsiones de ingresos fiscales, lo hemos logrado todos los años, algo que nunca consiguió en siete años el Gobierno de Rajoy», señaló.

La reducción del déficit la anticipó ayer el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, durante la sesión de control al Gobierno en el Congreso de los Diputados. La reducción del déficit público por debajo del objetivo se produce gracias al crecimiento de la economía y de la recaudación impositiva. Para 2023, la previsión era bajarlo al 3,9% y, para este año, el objetivo es bajarlo al 3% del PIB. La titular de Hacienda aseguró que se cumplirá esa previsión gracias al crecimiento económico. A partir del año que viene, España estará sujeta al cumplimiento de las nuevas reglas fiscales europeas, que imponen una senda plurianual de reducción del déficit y de la deuda pública.