La ministra de Hacienda y Función Pública, María Jesús Montero. / efe

7.000 de los 10.500 millones de los fondos europeos ya han sido asignados a las comunidades

La cifra supone casi el 70% de los 10.500 millones previstos para este 2021 y el Ejecutivo pasará revista cada seis meses para comprobar su correcta ejecución

Clara Alba
CLARA ALBA Madrid

El Gobierno insiste en su mensaje de cogobernanza de los fondos europeos, después de que las comunidades autónomas exigiesen un mayor poder de gestión de la ayuda que llegará de Europa. La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha confirmado este lunes que el Ejecutivo ya ha anticipado un total de 7.230 millones de euros a comunidades y ayuntamientos. Es decir, casi un 70% de los 10.500 millones previstos para este 2021.

La ministra anunciaba la cifra tras la celebración de la Conferencia Sectorial del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia con los consejeros de las distintas autonomías, en la que se han detallado las reglas básicas para la distribución de estos fondos.

Pese a las críticas de algunos consejeros, especialmente de las comunidades gobernadas por el PP, por la presunta opacidad con la que el Gobierno está gestionando la llegada de las ayudas europeas, Montero ha insistido en que el encuentro se ha desarrollado en un ambiente «cordial», animando a las comunidades a «remar todos en la misma dirección».

Durante el encuentro, la ministra ha querido dejar claro a las comunidades que el reparto y la gestión de los fondos europeos poco tendrá que ver a lo que estas están acostumbradas con otro tipo de ayudas europeas, con criterios que suelen basarse en la población o la renta y que van directamente a las arcas autonómicas para impulsar, por ejemplo, servicios sanitarios o educativos.

«El dinero de los fondos Next Generation se repartirá por políticas y objetivos, no por cuestiones territoriales», ha explicado Montero en la rueda de prensa posterior a la reunión con los representantes de las 17 autonomías.

En este sentido, la decisión de cómo y dónde ejecutar las inversiones financiadas con estos fondos será fruto del diálogo entre los diferentes ministerios involucrados y los propios territorios, en base a las políticas palancas que ha marcado la Unión Europea dentro del Plan de Recuperación. «Las conferencias sectoriales de cada ministerio serán el lugar donde se realice el reparto y el detalle de las iniciativas», ha detallado Montero.

A juicio del Gobierno, esta fórmula no pondrá en peligro los plazos de ejecución comprometidos con Bruselas. Consideran que es la más adecuada para primar esas políticas palancas. «Las comunidades van a gestionar el 55% de los fondos previstos para este año, un dinero que se complementará con los 10.000 millones de los fondos REACT destinados a compensar gastos extraordinarios por la pandemia», ha aclarado Montero.

En este sentido, también se ha detallado el reparto inicial por categorías, siendo transporte y educación los principales beneficiados de estas partidas, con 1.631 millones y 1.400 millones de euros, respectivamente. Para transición ecológica se han asignado 1.087 millones, mientras que para políticas de igualdad otros 700 millones. Otros 688 millones se han anticipado para planes de estímulo de empleo y casi 400 millones para sanidad.

Montero también ha explicado que el consejo de ministros ya ha autorizado repartos de otros 1.230 millones a través de Reales Decretos. Entre estos, se incluyen por ejemplo los 420 millones de euros del plan Moves o los 660 millones para impulsar el autoconsumo de energía.

«Estamos ante una oportunidad única y aquí no caben políticas de confrontación», ha expresado la ministra de Hacienda y Función Pública, ante las quejas de algunas comunidades autónomas que pretenden una gestión más directa sobre los fondos. En este sentido, Montero ha advertido de que la Comisión Europea entiende la ejecución de las ayudas dentro de un concepto completo de país y no de comunidades. Es decir, el incumplimiento de una autonomía puede poner en peligro futuros desembolsos si no se atienden los hitos comprometidos.

Ante este escenario, el Gobierno mantendrá un férreo control sobre la ejecución por parte de comunidades y ayuntamientos. Y aunque Montero ha evitado hablar de posibles 'sanciones', sí ha recordado que si una comunidad que ya ha recibido fondos no cumple con los plazos previstos para su ejecución, ese dinero puede ser redistribuido a otras regiones. La idea es controlar, mediante documentos bianuales, la correcta ejecución de los fondos.

La ministra también ha querido aclarar a las comunidades que, en términos de déficit, los Next Generation serán «neutros a efectos de contabilidad y de Eurostat».